Cuando era ministro de Trabajo, la Confiep pidió que "ajuste su voz disonante" sobre los regímenes laborales, como el agroexportador que es rechazado por los trabajadores. Durante su gestión, el Ministerio de Trabajo (MTPE) firmó un convenio con la OIT para promover el empleo decente en Perú. Y cuando en diciembre del 2018, César Villanueva dejó abierta la posibilidad de reducir el número de días de vacaciones, respondió que cualquier cambio debería ser debatido y aprobado en el Consejo Nacional del Trabajo (CNTPE), el espacio de diálogo donde están representados empresarios, trabajadores y Estado. Días después, presentó su renuncia. Ahora, el exministro Christian Sánchez muestra su preocupación por la reforma laboral que el gobierno de Martín Vizcarra está preparando como parte del Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), que fue aprobado el pasado 28 de julio.
En el decreto supremo que aprobó el plan, se señala que los lineamientos fueron aprobados por el llamado "Consejo Nacional de Competitividad y Formalización", dejando de lado al CNTPE. Con ello, el Estado peruano estaría violando el Convenio 144 de la OIT sobre acuerdo tripartito. Esto es lo más grave de este plan, advierte el exministro, que lo estén elaborando sin participación de los trabajadores, sin diálogo social. En esta entrevista, el exministro Sánchez comenta las medidas laborales del PNCP, entre las que destacan: determinación prorrateada mensual de los beneficios laborales, terminación colectiva de contratos, modificación de la ley de modalidades formativas, actualización de la regulación del teletrabajo y fortalecimiento de la fiscalización laboral.
- En el decreto supremo, el Ejecutivo señala que el objetivo es "crear condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo digno". ¿De qué manera el plan cumple con esta meta?
- En primer lugar, la posibilidad de generar trabajo con derechos y promover a su vez la competitividad no necesariamente implica transitar por una relación contradictoria entre ambos fines. Varios países de la OCDE son ejemplo de que competitividad y empleo digno van de la mano. En segundo lugar, respecto al trabajo digno, esto ha sido asumido por el Estado peruano en el ámbito de la OIT y del Acuerdo Nacional, que es un marco de referencia para las políticas públicas que el Estado se ha comprometido a desarrollar a partir de acuerdos con organizaciones de la sociedad civil. Parte de estos acuerdos son el respeto, garantía y promoción de los derechos fundamentales. Además, está lo que corresponde a libertad sindical, diálogo social, principio de no discriminación, igualdad de oportunidades, y protección social adecuada, suficiente y oportuna. Esto ha sido definido así por la OIT y por el Perú, que curiosamente preside, hasta setiembre próximo, el consejo de administración de la organización. Pero nada de eso se observa ni en la política ni en el plan de competitividad. No se aprecia nada de promoción de las garantías, ni del fomento de la negociación colectiva.
- ¿A qué apuntan, entonces, las medidas laborales de este plan?
- Lo único que se aprecia son mecanismos para promover empleo por horas, que no es un empleo que permita a los trabajadores gozar de la plenitud de sus derechos. Al prestar servicios por menos de 20 horas, no tienen derecho a la estabilidad. Va a ser más empleo precario que se va a sumar al de los contratos temporales. No se aprecia ninguna política de Estado para revertir la situación de predominio de la contratación temporal, ninguna política de incentivo de la contratación a plazo indeterminado. Solo se habla de la promoción del trabajo a tiempo parcial, de la promoción del teletrabajo, que es lo que antes se llamaba trabajo a domicilio. También hablan de modificar algunos temas del cese colectivo, que puede ser razonable desde el punto de vista de los empleadores, pero la agenda de los trabajadores no está, no existe para este Gobierno. En ese sentido, hay más ausencias que presencias. Y curiosamente las presencias coinciden con la agenda de los gremios empresariales. Lo que se ha aprobado es plenamente coincidente con la Confiep, no hay una posición equilibrada. Es más de lo mismo.
- También proponen debatir una nueva ley general de trabajo.
- Sobre la ley general del trabajo, parece risible que se promueva otro debate hasta el 2030, cuando ha tenido cuatro comisiones en su haber, cuatro textos revisados a lo largo de quince años y hasta ahora no hay nada. Parece una suerte de burla que se pretenda una nueva comisión para debatir esto.
- La propuesta más polémica es la de prorratear mensualmente los beneficios laborales como la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) o las gratificaciones, ¿de qué manera esto afectaría derechos fundamentales?
- Lo que va a generar es que detrás de la palabra “acuerdo”, va a predominar la imposición, la decisión unilateral del empleador que le va a hacer firmar al trabajador un "acuerdo". Y la gente por conseguir un trabajo no va a discutir con su empleador en igualdad de condiciones porque no está representado por un sindicato ni asesorado por un abogado y se le va a imponer que sus beneficios sociales estén divididos entre los doce sueldos al año. Lo que va a suceder es que van a asignar un monto remunerativo y le van a decir al trabajador que ahí están sus beneficios.
- Esto desnaturalizaría el sentido de estos beneficios laborales.
- Totalmente, porque hay varios beneficios que como las CTS están pensados para servir como una suerte de colchón en situaciones de desempleo. Si lo van a convertir en salario, los trabajadores se van a gastar mensualmente lo que debería estar previsto para su protección. Con ello, se van a precarizar los ingresos, van a precarizar la contratación.
- ¿Se estaría violando algún tratado internacional?
- El Perú ratificó un Convenio de la OIT para crear un seguro de desempleo, nunca lo hemos tenido y lo que funciona en su lugar es la CTS. Y si lo van a convertir en salario, simplemente no se va a tener protección frente al desempleo. El trabajador que sea despedido se va a ir sin nada. Debería dejar de llamarse CTS, sería parte del salario mensual. Y no necesariamente van a aumentar los sueldos, el empleador le dirá al trabajador que tome tal monto, que ahí está todo.
- Por otro lado, también proponen modificar la ley de modalidades formativas, relacionado al empleo juvenil.
- Es cierto que hay que revisarla, pero ¿la van a revisar para flexibilizarla y abrir otras modalidades de contratación para precarizar el empleo de los jóvenes o van a mejorarla eliminando las barreras burocráticas y respetando la naturaleza formativa? ¿Lo van a hacer a través de un proyecto de ley sin diálogo social? Porque el Consejo Nacional de Trabajo no está funcionando, los trabajadores se retiraron a fines del año pasado en protesta cuando el Ejecutivo aprobó la Política de Competitividad sin debatirlo con los sindicatos.
- Sobre la Sunafil, se viene hablando desde hace tiempo de su fortalecimiento, ¿qué hace falta para ello?
- El tema de inspección del trabajo pasa por una revisión normativa de sus competencias actuales, de completar la cobertura a nivel nacional y de la mejora de sus recursos humanos y financieros. Nada va a funcionar bien si no hay una reforma en esos ámbitos. Hay que enfocar la inspección en la lucha contra la informalidad laboral. Pero si no hay recursos suficientes esto no va a funcionar.
- ¿Lo ideal sería que Sunafil fuera como la Sunat en cuánto a número de inspectores y capacidad fiscalizadora?
Sí, pero hace falta presupuesto y compromiso político de que el MEF transfiera el presupuesto. El problema está en que todo está centralizado en este ministerio, que maneja exclusivamente el presupuesto público. Esto tiene que ver con una segunda reforma del Estado, que no se ha tocado desde los noventa. Se sigue concibiendo un superministerio como el de Economía a donde todos los demás ministerios tienen que ir a tocar la puerta y extender la mano, cuando lo que debería haber es una separación entre las políticas de hacienda y la función de financiamiento de políticas públicas nacionales. Y en lo que respecta al Plan de Competitividad, está subordinado al MEF y el Consejo Nacional de Trabajo queda subordinado al Consejo de Competitividad.
Ahora, ¿ésta es la agenda de un gobierno de salida? No parece razonable, mejor que no toquen la legislación laboral. No hay legitimidad suficiente para hacerlo, menos desde una visión unilateral. Este plan no aborda una reforma integral, no propone soluciones a todos los problemas de la situación laboral en Perú.
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[Foto de portada: RCR]
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