Un día después de que se hiciera público el demoledor informe de la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos elaborado tras la visita de Michelle Bachelet a Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro liberó este viernes a 22 presos políticos, entre ellos la juez María Afiuni y el periodista Braulio Jatar. El resto son estudiantes, informó una portavoz del organismo de Naciones Unidas a la agencia Reuters.
Luego, la misma Bachelet confirmó la excarcelación durante una conversación con periodistas después de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU realizara un debate sobre el informe de la situación en Venezuela, que documenta una serie de abusos policiales y el deterioro democrático en el país petrolero, que además revela una cifra aterradora de muertes: 5.287 solo en 2018, que se atribuyen a la "resistencia a la autoridad".
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en Ginebra . (AP)
Por ello, la oficina que dirige la expresidenta chilena instó al gobierno de Maduro a "adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones" que han provocado el éxodo sin precedentes de venezolanos que huyen de su país y empeoran las condiciones de vida de quienes permanecen en él.
El documento también pide el desmantelamiento de las fuerzas especiales de la Policía, conocidas como FAES, y de los colectivos armados, pero el régimen de Maduro rechazó las imputaciones del informe y presentó 70 observaciones al mismo.
La ONU precisó que sus denuncias se basan en 558 entrevistas que sostuvo con víctimas y testigos directos de los abusos del régimen, que "ha desmontado el sistema de control institucional sobre el Poder Ejecutivo", añade el documento, que además alerta que crisis institucional se agrega una emergencia económica que se atribuye no solo a la imparable hiperinflación, sino también a "las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última década", que destruyó casi toda la producción en Venezuela.
Las observaciones de la oficina de la ONU son especialmente duras en relación con la actuación de los cuerpos de seguridad y las fuerzas especiales de la Policía Bolivariana, según el texto del informe, que dice a la letra:
"Las FAES, una unidad de respuesta rápida creada en 2017 para combatir el crimen organizado, han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el CICPC [la policía científica]. Los servicios de inteligencia (el SEBIN y la DGCIM, la contrainteligencia militar) han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as, políticos/as y de sus familiares".
El documento agrega que los grupos de choque del chavismo, que son colectivos armados, contribuyen a este sistema de sistemática violaciones de derechos humanos al ejercer "control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia".
La jueza Afiuni vivió un calvario durante diez años a manos del chavismo. (Reuters)
En cuento a los liberados este viernes, la magistrada Afiuni, que fue detenida en el 2009 después de que el expresidente Hugo Chávez exigiera que fuera encarcelada, estuvo bajo arresto domiciliario desde 2011. Un tribunal chavista la sentenció a cinco años de prisión en marzo pasado.
El periodista Jatar fue detenido en isla Margarita después de publicar una historia sobre las protestas contra el régimen chavista y fue acusado de lavado de dinero.
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