En la Quinta reunión de la Alianza Latinoamérica Anticontrabando (ALAC), de la que también es parte el Perú, se alertó del fuerte vínculo entre el contrabando, el crimen organizado y la delincuencia en los países de Latinoamérica.
Una de las principales conclusiones a las que se llegó en este cónclave sostiene que las organizaciones criminales estarían utilizando el contrabando de cigarrillos, licores, medicinas y explosivos, como una fuente para financiar sus actividades ilegales.
Los países que se reunieron en la cita de la ALAC admitieron que es una prioridad contar con herramientas para desarticular las bandas criminales que nutren este flagelo, para lo cual es importante reforzar los mecanismos de regulación en cada una de las regiones.
Por ejemplo, en el caso del Perú, que si bien se cuenta con la Ley N° 30077, Ley contra el Crimen Organizado, esta norma no incluye los delitos de contrabando y falsificación, por lo que las autoridades ven limitado su accionar en contra de las grandes bandas u organizaciones criminales que se dedican al contrabando.
En nuestro país, la delincuencia y el crimen organizado registraron un incremento importante en los últimos años. Según el Barómetro de las Américas 2017, del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), el Perú se encuentra en el segundo lugar del ránking de los países con los índices de delincuencia más altos de la región.
Este panorama no es ajeno al incremento del contrabando reportado por la Sunat, que muestra un crecimiento de 20% en los últimos diez años.
Esta realidad tampoco es ajena a otros países de América Latina. Por ejemplo, en Brasil, la relación entre ambos delitos evidencia que la criminalidad se incrementó en los últimos años en paralelo al aumento del contrabando, que en productos como los cigarrillos alcanza el 50% del mercado.
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