Estaba más que cantado. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no dará prioridad a la denuncia constitucional que interpuso la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en contra del fiscal supremo Pedro Chávarry, por el caso de irrupción ilegal de oficinas lacradas y sustracción de documentos del Ministerio Público, relacionados presuntamente con la investigación por lavado de activos a Keiko Fujimori y a la cúpula de Fuerza Popular.

Así lo confirmó el presidente de dicho grupo de trabajo, el congresista fujimorista César Segura, quien manifestó que “ninguna denuncia constitucional tiene privilegio alguno”, al ser consultado sobre si la acusación formulada por Ávalos podía tener un trato especial al provenir de la titular de la Fiscalía de la Nación. 

“Para nosotros, según el artículo 2 de la Constitución, todos tienen los mismos derechos, más aún cuando en la subcomisión se ha tomado el acuerdo de ver todas las denuncias en orden cronológico. No porque sea el rey de España, el presidente o alguien con cierto poder, voy a permitir que se agende sin que haya cumplido con los procedimientos”, declaró a El Comercio.

Segura, como ya es su constumbre en las denuncias presentadas contra Chàvarry, aseguró que la subcomisión debe respetar el “debido proceso” y que esto parte “por establecer que todos los ciudadanos tienen el mismo derecho de que sus demandas sean atendidas”. En esa línea, agregó que si un integrante del grupo solicita en la sesión que corresponde que la denuncia interpuesta por Ávalos tenga prioridad, esta medida se llevará al voto y será el pleno el que decida. 

Consultado por si su esta postura puede ser interpretada como un nuevo blindaje del fujimorismo al exfiscal de la Nación, Segura señaló que se puede “tomar de cualquier manera”. “También podría tomarse como que cualquier ciudadano, que no tenga un alto cargo, merece respeto. Esta persona puede decir que no ven su denuncia porque no tiene amigos en la prensa o un congresista que la empuje. Puede preguntar por qué esta sí y la mía, no, que está [formulada] con anterioridad”, respondió. 

En tanto, el vicepresidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Vásquez, advirtió que, de acuerdo al reglamento del Congreso, la denuncia de la fiscal de la Nación no procederá en la presente legislatura sino en la siguiente, porque ya fue archivada una anterior por el mismo hecho. 

“El problema con esta denuncia constitucional va a ser el siguiente. Como dice el artículo 89 en el numeral M (del reglamento del Congreso), una denuncia constitucional archivada por el mismo caso no podría ser admitida en el mismo periodo legislativo. Es decir, la fiscal de la Nación debió esperar hasta julio”, declaró Vásquez en entrevista con RPP.

El también vocero de Alianza para el Progreso sostuvo que el expediente presentado se trataría de forma técnica para declararlo inadmisible. Asimismo, consideró que Ávalos debió tener conocimiento de que presentando la denuncia en este periodo podría lograr solo “un saludo a la tribuna”.

Sin embargo, afirmó que podría dar a trámite si es que la Fiscalía de la Nación presenta nuevas pruebas. Vásquez reconoció que aún no revisó el documento, pero supone que este sería el caso por la gran cantidad de información que presenta al constar de 1 490 folios y una carpeta auxiliar de 113 folios.

DATO

Según el inciso M del artículo 89 del reglamento del Congreso, “las denuncias declaradas improcedentes o que tengan informe de archivamiento y que pongan fin al procedimiento de acusación constitucional, en cualquiera de sus etapas, no pueden volver a interponerse hasta el siguiente periodo anual de sesiones, requiriendo la presentación de nueva prueba que sustente la denuncia”. De lo contrario, “son rechazadas de plano”.

(Foto de cabecera: Andina)

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