Esta semana, la bancada Nuevo Perú (NP) presentó dos proyectos de ley: uno que busca prevenir y evitar la criminalización de la protesta y otro que propone amnistía a favor de los comuneros denunciados por participar en manifestaciones por el conflicto minero Las Bambas. Este domingo, el presidente de la comunidad Fuerabamba, Gregorio Rojas, dijo que es necesaria esa ley de amnistía y precisó que no busca beneficiar a los hermanos Chávez Sotelo.
"La hemos presentado para nuestros hermanos comuneros que han sido denunciados penalmente por protestar. ¿Cómo vamos a seguir dialogando si nosotros estamos denunciados? Queremos vivir en paz con la empresa, estar tranquilos con el Estado", dijo el representante comunero a Canal N.Los proyectos presentados han generado polémica, pero debemos tomar en cuenta el contexto en el que se presentan y los antecedentes para comprender mejor estas propuestas. El contexto es el siguiente: los avances en el proceso de diálogo por Las Bambas, iniciado luego de desbloqueada la vía que la empresa privada usa para transportar sus toneladas de minerales por un camino sin asfaltar que atraviesa la propiedad de la comunidad Fuerabamba.
Como antecedentes, debemos recordar que, como hemos señalado anteriormente, desde la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de este proyecto en el 2011, las empresas que han estado antes a cargo (Xstrata Copper, Glencore-Xstrata y ahora MMG Limited), han logrado que el Estado peruano apruebe al menos ocho cambios al proyecto minero hasta el momento. Esto ha generado protestas en 2015, 2017 y en febrero de este 2019. Si bien en la manifestación de este año no hubo muertos ni heridos, en las dos anteriores, cuatro ciudadanos perdieron la vida, víctimas de balazos disparados por la Policía Nacional.
Pero para las comunidades de las zonas de las provincias de Cotabambas y Grau (Apurímac), así como de Chumbivilcas (Cusco), las consecuencias de haber ejercido su derecho a la protesta no solo son muertos y heridos, sino denuncias en contra de sus integrantes por haber convocado y participado en las manifestaciones. En el caso de la última protesta, se denunció al presidente de la comunidad de Fuerabamba y a sus asesores por el presunto delito de extorsión en la modalidad de organización criminal y en perjuicio de la minera MMG, a la que le habrían pedido dinero a cambio de no bloquear la carretera.
Más allá de este caso, por el que actualmente los investigados han recuperado la libertad, los congresistas autores de estos proyectos de ley consideran peligroso el Decreto Legislativo N° 982, que modificó la tipificación del delito de extorsión e incluyó actos como tomar locales institucionales o bloquear carreteras, medidas usualmente practicadas por organizaciones sociales en sus protestas.
Sobre este tema, el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la organización estadounidense Earth Rights Internacional (ERI) ya se pronunciaron. En conferencia de prensa en abril pasado, el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda (IDL), criticó esta modificación al Código Penal, que se aprobó durante el último gobierno de Alan García.
"Tomar carreteras o locales públicos constituye delito de extorsión. Por ejemplo, si un grupo de padres de familia decide tomar el local de un colegio para que se mejore su infraestructura, estaría cometiendo ese delito y podrían ir a la cárcel por tres años", afirmó.
"No se diferencian medidas legítimas de fuerza de actos vandálicos que sí deben ser sancionados. Estas medidas promueven la criminalización de la protesta", agregó.
El congresista Richard Arce, promotor de los proyectos de ley en cuestión, resaltó que los integrantes de las comunidades campesinas sienten que el Estado y las empresas privadas los consideran "delincuentes" y parte de una "organización criminal". En el caso de la propuesta de amnistía para los denunciados por el conflicto Las Bambas, dijo que se busca precisión para evitar que sea usado por otras personas que no merecerían este beneficio.
"Específicamente a los miembros de las comunidades campesinas del ámbito de influencia del proyecto minero Las Bambas que han sido denunciados a raíz de las movilizaciones y protestas. No entrarían los abogados Chávez Sotelo ni ningún otro comunero que haya cometido un delito común. Vamos a precisar quiénes serían lo que podrían ser incluidos en la amnistía y seremos cuidadosos para que el proyecto no sea considerado inconstitucional, debiendo recordar que las leyes tienen un alcance nacional y no pueden restringirse sólo a algunas personas", dijo Arce en una entrevista a Noticias SER.
Por su parte, el gremio empresarial ha mostrado su rechazo a estas propuestas legislativas. En comunicado, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señaló que el Gobierno peruano no debería "claudicar" en la defensa del Estado de derecho y el "principio de autoridad".
"Nadie está por encima de la ley, la cual es igual para todos. Establecer normas con nombre propio que buscan dar un trato preferente a quienes la han infringido [la ley], sentaría un precedente de consecuencias nefastas para la gobernabilidad del país, más aún cuando vemos una escalada violentista que busca paralizar las unidades mineras y campos petroleros, en perjuicio de todos los peruanos", dijo el presidente de la SNMPE, Manuel Fumagalli Drago.
"En el país debe prevalecer el respeto a la ley y mantenerse la independencia de los poderes del Estado si realmente queremos construir una paz social sostenible. De lo contrario, el Perú no podrá seguir creciendo y atrayendo la inversión que tanto necesita, ni mucho menos generar bienestar y cerrar las brechas sociales que aún arrastramos", agregó.La presidenta de la Confiep, María León Klenke, dijo que sería inconstitucional la aprobación de la ley de amnistía.
“Sería perdonar actos criminales a quienes lo han cometido. Las personas tienen que ser responsables de sus actos, no es posible que se permita beneficiar a quienes han cometido actos contra la Policía. Sería inconstitucional”, dijo en entrevista a Canal N.
"No se trata de criminalizar la protesta, porque están permitidas por la Constitución, pero se deben hacer respetando los derechos de las otras personas", agregó.En los próximos días, veremos si las comunidades de la zona de afectación de Las Bambas condicionan su participación en el diálogo con el Estado y la minera MMG Limited a la aprobación de estas propuestas en el Congreso.
[Foto de portada: La Plaza / Observatorio de Conflictos Mineros]
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