La Asociación de Bodegueros del Perú (ABP) alertó que un proyecto de ley que se ha puesto en la agenda de la Comisión de Defensa y Protección al Consumidor del Congreso afectaría a más de 500 mil negocios bodegueros en todo el país.
La iniciativa establece la prohibición total de publicidad de tabaco, pero en un país con altos niveles de informalidad como el Perú, una medida de este tipo implicaría regalarle el mercado formal al informal, dijo Andrés Choy, presidente de la ABP.
"Las bodegas somos vendedores formales de cigarrillos en el Perú, con esta medida perderíamos los ingresos que generamos por la venta de estos productos, y los únicos beneficiados serían los productos de contrabando y el comercio informal y ambulatorio que venden estos productos sin ningún control, sin cumplir las normas vigentes y que no pagan impuestos", refirió.
Choy consideró que es contradictoria una iniciativa de este tipo, luego de que el año pasado, el Congreso aprobara "Ley del Bodeguero", con la cual se reconoce el importante rol que tienen estos negocios en la economía peruana.
"Es contradictorio que mientras, por un lado, el Congreso otorga una ley que busca beneficiar a los bodegueros; por otro se discuta en la Comisión de Defensa y Protección al Consumidor un proyecto de ley sobre la prohibición total de publicidad de tabaco que afecta a nuestros negocios sin que se nos haya pedido o permitido expresar nuestra opinión", comentó el representante gremial, al indicar que solo en Lima Metropolitana existen cerca de 113 mil bodegas y que en todo el Perú son más de 414 mil.
El presidente de la ABP dijo que en otros países de la región, con la restricción total de publicidad sobre tabaco, como en Chile, el contrabando pasó de 3.6% en 2013 a más de 18% en 2018.
De otro lado, señaló que muchas veces se piensa que el aprobar una prohibición total como la del proyecto de ley, va a reducir el consumo y la venta, pero no se considera que se desinforma al consumidor y se eliminan las advertencias del uso de este producto, lo que originaría consecuencias negativas para la salud pública, como ya se ha visto en otros países que han aplicado esta medida.
Además, Choy explicó que el proyecto en mención ya fue revisado por la Comisión de Constitución y Reglamento que, mediante un dictamen de diciembre de 2017, recomendó que no se apruebe y se archive, al considerar que las restricciones a la publicidad de tabaco vigentes son suficientes para que se resguarde el derecho a la salud; y a la vez brinda las mínimas plataformas de información a fumadores adultos, sin que se vulnere aspectos como la seguridad jurídica, la predictibilidad o las garantías constitucionales de la libre empresa, comercio e industria.
