Los días en la clandestinidad de Félix Moreno estarían cerca de acabar. El prófugo exgobernador del Callao —sentenciando a cinco años de cárcel por el tráfico de terrenos del fundo Oquendo— estaría por entregarse y se acogería a la figura de colaboración eficaz.
Actualmente sobre Moreno pesa una orden de búsqueda y captura ordenada el viernes 18 de enero por el juez Gino Delzo Livias y el Ministerio del Interior le ha puesto precio a su cabeza: 20 mil soles a quien dé información sobre su paradero. Así, casi sin opciones, la exautoridad chalaca se reunió con sus abogados este jueves en algún punto de Lima y les dijo que quería ponerse a derecho y negociar con la justicia, revelaron fuentes que cita La República.
Según el citado medio, Moreno habría consultado si como eventual colaborador de la justicia tendría que hablar sobre todos los casos de corrupción del gobierno regional o solo sobre algunos temas que él proponga. También le preocupa el curso de los procesos que ya están en juicio, como el caso Corpac, y los que ya tienen sentencia, como el del fundo Oquendo, fallo que ha sido apelación.
Las fuentes señalan que el exgobernador del Callao estaría dispuesto a hablar de tratos ilícitos con las constructoras brasileñas Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao, así como con empresas nacionales consorciadas y supervisoras, compañías que ya son investigadas por irregularidades en la remodelación de la avenida Néstor Gambetta, obra cuyo presupuesto inicial se fijó en 356 millones y luego se elevó a 500 millones de soles.
CASO COSTA VERDE
Entre tanto, este viernes la Sala Penal de Apelaciones volverá a evaluar el pedido de prisión preventiva contra Moreno por los sobornos en la obra de la Costa Verde, que la jueza Elizabeth Arias negó inicialmente. El fiscal adjunto del Equipo Especial, Oliver Chávez, sustentará a partir de las 3:00 p.m. la apelación.
Diversos ejecutivos de Odebrecht, como Ricardo Boleira, confesaron que pagaron una coima de US$4 millones a Moreno para adjudicarse los contratos de la Costa Verde del Callao. Este es uno de los cuatro casos en los que la constructora logró un acuerdo de colaboración con el Equipo Especial y la procuraduría ad-hoc.
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