El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, admitió que es una decisión "difícil" para su gobierno resolver el pedido de asilo diplomático del expresidente peruano Alan García, quien alega una supuesta persecución política que desde el Ejecutivo que encabeza Martín Vizcarra han descartado, al igual que diferentes entidades y organismos civiles nacionales e internacionales.
"Es una decisión difícil sin ningún lugar a dudas", dijo Nin Novoa, al recordar que la solicitud llegó cuando él se encontraba en Bruselas y que por ello perdieron dos días; no obstante subrayó que de cualquier manera la Convención de Caracas de 1954 "no estable plazos de ninguna índole", y le otorga a los países asilantes, en este caso Uruguay, el tiempo necesario para que tomen su decisión, tal como lo dijo en la víspera el mismo presidente uruguayo Tabaré Vázquez.
El jefe de la diplomacia uruguaya mencionó el caso del fundador del Apra, Víctor Raúl Haya de la Torre, quien solicitó asilo en Colombia en 1949, al ser consultado por algún antecedente al pedido de Alan García, aunque lo cierto es que hay una diferencia clave: Haya sí sufrió persecución, mientras que García es investigado por delitos comunes de corrupción.
Nin Novoa también señaló que un pedido de asilo "es un proceso engorroso", en el que donde confluyen "la voluntad de dos países". "Esto es más largo de lo que uno quisiera", anotó, tras señalar que ya había conversado con su par peruano, Néstor Popolizio, al respecto.
Y la posición del Gobierno peruano es clara: no existe persecución política en el país, donde prevalece el estado de derecho y la separación de poderes, y en ese contexto, el expresidente García Pérez es investigado por la fiscalía por los delitos de colusión y lavado de dinero, como parte de la trama corrupta de Odebrecht, que admitió haber pagado millonarios sobornos por el Metro de Lima, la obra emblema de su último gobierno.
El canciller Nin Novoa mencionó que Uruguay hizo "lo que tenía que hacer" en este proceso, es decir, acoger la solicitud del exmandatario peruano, quien se refugió en la residencia del embajador uruguayo en Lima, horas después de que la justicia dictara 18 meses de impedimento de salida del país en su contra y se conocieran documentos y testimonios que revelaron que recibió un pago oculto de Odebrecht de 100 mil dólares con dinero sucio de la Caja 2.
El alto funcionario uruguayo agregó que en el marco de la Convención de 1954, el Perú envió información sobre el tema que viene siendo estudiada. "Y cuando tengamos una decisión, esta será comunicada primero a la Cancillería y al gobierno peruano", acotó Nin Novoa, cuyas palabras parecen confirmar que su país está en una encrucijada, porque por un lado está tradición de su país en materia de asilos, y por el otro la tensión política que implicaría en la relación con el Perú que acceda el pedido, al que incluso se opone no solo la oposición uruguaya; también la misma coalición de gobierno.
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