La República Oriental del Uruguay no es parte de los 11 países que firmaron un acuerdo de cooperación judicial para investigar el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Si bien se ha confirmado que la compañía brasileña no obtuvo licitaciones de obras públicas a cambio de coimas a funcionarios uruguayos, dos empresas de dicho país —Sherkson y Havinsur— son investigadas por haber recibido cuatro transacciones de la constructora.
Estas empresas uruguayas enviaron a su vez los fondos a cuentas suizas que culminaron en manos de ejecutivos procesados por corrupción en Petrobras. La información se obtuvo gracias a un acuerdo entre Estados Unidos y Suiza, que reveló la participación de funcionarios de 12 países para lavar el dinero de las coimas para acceder a licitaciones públicas de Brasil ganadas por Odebrecht.
Las primeras transacciones ocurrieron en mayo de 2007, cuando Sherkson recibió de Odebrecht tres depósitos por un monto total de U$S 22.5 millones, que colocó en una cuenta suiza a nombre de la empresa Klienfeld, radicada en Antigua y Barbuda y cuyos beneficiarios finales fueron Paulo Costa, Pedro Barusco y Renato Duque.
La otra transacción fue de 565 mil dólares y se realizó el 23 de marzo de 2010 a través de la empresa Havinsur, que depositó a la panameña Millzart en una cuenta en Mónaco que manejaba directamente Renato Duque y Paulo Costa.
El caso Andorra
Según la Policía del Principado de Andorra, el uruguayo Andrés Norberto Sanguinetti Barros, alias Betingo, fue clave en la construcción de la madeja de sobornos de la constructora brasileña. Betingo, quien trabajó entre 2006 y 2015 Banca Privada d’Andorra (BPA), actuó como “persona de contacto” entre la BPA y el principal testaferro de la trama de sobornos, Olivio Rodrigues, según los investigadores.
“Todos los clientes estudiados y/o investigados fueron llevados a la entidad bancaria por este empleado [Betingo]”, señala la Policía de Andorra.
Los investigadores aseguran que Betingo, que actualmente es consejero del club de fútbol uruguayo Peñarol, fraguó el primer contacto entre Odebrecht y la BPA. A partir de su intermediación, el banco ofreció a la contratista sus servicios. Y lo hizo “deslumbrado por la importancia de tener como cliente a una de las empresas constructoras más relevantes de Latinoamérica”.
La maniobra coordinada por Betingo consistía en crear una sociedad para que se hicieran pagos a través de testaferros, de acuerdo a la información que manejan las autoridades de España que investigan el caso. Sanguinetti siempre se declaró inocente de esta acusación; sin embargo, en agosto del año pasado fue detenido y puesto bajo prisión domiciliaria tras pagar una fianza de US$ 30 mil.
A ello se suma que José Américo Spinola, quien delató que Odebrecht pagó US$ 100.000 a Alan García por una conferencia que dio en el 2012 en Sao Paulo, reveló que Uruguay era clave en las operaciones de la Banca Privada de Andorra, donde constructora depositó sobornos a funcionarios de gobierno aprista.
Uruguay se ha ganado todos los focos de atención de los medios peruanos, luego de que el el expresidente Alan García solicitó asilo político a este país y se instalara en la residencia del embajador uruguayo en Lima desde el último sábado. El pedido de García se dio el mismo día que el Poder Judicial ordenó 18 meses de impedimento de salida del país por el presunto delito de lavado de activos y cohecho agravado por los sobornos de Odebrecht.
En principio, todo apunta a que este país sudamericano tiene antecedentes de otorgar estas solicitudes. Sin embargo, no se puede dejar pasar por alto estos hechos narrados anteriormente y la relación, aparentemente buena, entre García y el presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez, a quien le dirigió una carta en las expone las razones de su pedido de asilo a su país.
(Foto de cabecera: El País)
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