El pasado 1 de octubre, antes que el Poder Judicial peruano anule el indulto al exdictador Alberto Fujimori y que el Congreso aprobara una ley para evitar que regrese a prisión, se realizó una audiencia sobre el caso de las esterilizaciones forzadas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En dicha audiencia, la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, solicitó a las autoridades peruanas sanción para Fujimori.
“Lo primero que deben de hacer es dar el paso para identificar a todas y cada una de las víctimas, para devolverles su dignidad. Cada una de ellas debe de ser reconocida por el Estado peruano. Y cuando eso se haya realizado, pueden trabajar en los medios para castigar a los responsables, y brindarles reparación a todas las víctimas. Y si han fallecido, porque muchas de ellas han fallecido porque ha pasado tanto tiempo, y el señor Fujimori sigue vivo y libre de prisión porque lo indultaron por estar supuestamente enfermo".
"Él lideró a los perpetradores que hicieron esto, y él debe responder. Sin las mujeres, ¿Dónde estaría el mundo? Y él las trató como si fueran nada, como si fueran menos que insectos. Fujimori no debería morir sin castigo”, sostuvo Margarette May Macaulay quien recordó que en su primer año como comisionada pudo visitar el Perú y escuchar a muchas víctimas de esterilización forzada.
Por su parte, la comisionada Flávia Piovesan, solicitó al Estado peruano que “las reparaciones a las víctimas deben ser integrales en el campo de la salud, en el campo de la integridad, porque hubo una violencia dramática con relación a la integridad física, psíquica, moral”.
En la audiencia temática, las comisionadas pudieron escuchar el testimonio de Aurelia Paccohuanca, de la Asociación de víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Cusco, quien fue esterilizada a los 23 años.
“Me dijeron que me iban a dar atención en salud, como no acepté me dijeron que iba a pagar multa. Yo tenía 24 años, tenía 4 hijos cuando me esterilizaron sin mi consentimiento. Cuando me esterilizaron, ni siquiera me dejaron recuperarme en la posta médica, me dejaron sentada en una banca”.
Rosa Reátegui, natural de Maynas, Iquitos, también narró:
“La política de esterilizaciones forzadas fue de casa en casa. De comunidad en comunidad llegaron hasta lo más lejos de la selva y la sierra del Perú. Ahora debe ser igual. El Estado, debe cumplir con ir a todas las comunidades donde esterilizó forzadamente a inscribir y prestar servicios en todas las lenguas”.
Por parte del Estado peruano, el fiscal Luis Landa aseguró que “las víctimas no tendrán que esperar eternamente por justicia” e informó que dentro de poco se formalizará la denuncia contra Fujimori, los exministros y directivos del sistema de salud que está pendiente hace más de 150 días por parte de la fiscal Marcelita Gutiérrez.
Ana María Vidal de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y María Ysabel Cedano de la organización Demus, organizaciones que pertenecen al Grupo de Reparaciones de Esterilización Forzada (GREF), leyeron el petitorio de las víctimas, en el que exigen una política de reparaciones integrales que debería ser diseñada antes de marzo del 2019 para que pueda entrar al presupuesto del 2020, además que el Estado remueva todas las barreras y obstáculos presupuestales, geográficos, económicos, legales y lingüísticas para que el REVIESFO -a través de los ministerios de la Mujer, de Salud, de Justicia y otros sectores del Estado- cumpla con prestar defensa pública, atención en salud integral, acompañamiento psicosocial y defensa pública a las víctimas de esterilizaciones forzadas; y se institucionalice la mesa de trabajo sobre reparaciones en el MINJUS garantizando la participación de las víctimas.
El caso de las esterilizaciones forzadas hace referencia a la presunta violación sistemática de los derechos sexuales y reproductivos sufridos en perjuicio de mujeres, niñas y adolescentes en Perú entre 1996 y 2000.
El pasado 4 de octubre pasado, el Poder Judicial peruano ordenó anular el indulto que Pedro Pablo Kuczysnki otorgó a Alberto Fujimori y que este vuelva a prisión. Sin embargo, el exdictador se fue a una clínica intentando mostrarse enfermo con el objetivo de evitar volver desde su lujosa residencia en La Molina a su cárcel dorada de la que gozaba en Ate en el local de la Diroes.
Aparte de eso, la bancada fujimorista se impuso y logró que el Pleno del Congreso apruebe una ley para sacar de las cárceles a los criminales mayores de 65 años que tengan alguna enfermedad, entre los que no solo estaría Alberto Fujimori, sino su exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y otros militares condenados por sangrientas matanzas.
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[Foto de portada: Sputnik]
