Sesis de los siete jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil votaron en contra de la candidatura del sentenciado que el exmandatario Lula da Silva, en la cárcel por corrupción desde abril, con lo que no podrá participar en las elecciones de octubre, cosa que él intentar hacer desde el 15 de agosto, cuando se inscribió como candidato presidencial, desafiando las leyes que prohíben la postulación de condenados en la segunda instancia como él.
Un solo magistrado votó a favor del derecho del expresidente a hacer campaña, incluso desde la cárcel de Curitiba, donde purga una condena firme de más de 12 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero.
El fallo cambia por completo el panorama electoral en el gigante suramericano, ya que saca de la carrera al candidato favorito para los votantes (Lula tiene 36% de la intención de voto; frente al 18% del siguiente en la lista) y, de paso, zanja varias de las interrogantes que marcaban hasta ahora la campaña en Brasil.
Así, Lula, el político más popular y carismático de Brasil —y su único expresidente condenado—, queda más cercado que nunca, aunque todavía puede impugnar esta sentencia pero con posibilidades de éxito cada vez más remotas.
En realidad, el exlíder sindical tiene dos caminos: uno es rechazar el veredicto, ya que aún tiene derecho a tres recursos más, uno ante el Tribunal de Justicia y dos ante el Supremo. Y mientras se resuelven, nada en la ley le impide seguir haciendo campaña, pero se expone a que el día de las elecciones, sus votos se consideren nulos.
La otra opción sería aceptar la sentencia, claudicar y delegar la campaña y todo su proyecto político en su número dos, el exalcalde de São Paulo Fernando Haddad. Y de hecho, en Brasilia ya están resignados a que Haddad sea el candidato real del Partido de los Trabajadores (PT) y que el expresidente solo le está prestando su nombre e influencia. Pero el exalcalde no acaba de despegar en las encuestas. En una de las más recientes, solo el 4% de los votantes de Lula dijo que le daría su voto si el expresidente fuese vetado por el Tribunal Electoral.
Una solución intermedia es que, según el cronograma electoral, hay plazo el 17 de septiembre, 20 días antes de la primera vuelta, para que se realicen cambios en una plancha. Si Lula consigue estirar hasta entonces su candidatura, todavía podrá cambiar su inscripción a última hora y dejarle la posta a Haddad. Así habrá hecho toda la campaña posible por su protegido y habrá mantenido al PT en la legalidad.
En el otro bando está Ministerio Público que por su lado emitió esta madrugada un contundente comunicado presionando a la justicia para que no pierda más tiempo en el caso de Lula. "No se pueden desperdiciar los recursos públicos en campañas electorales estériles y sin viabilidad jurídica", se lee en la nota.
Este sábado además, la televisión pública en Brasil —donde está prohibido que un candidato compre espacios publicitarios en medios privados— se empieza a emitir la publicidad de cada campaña en horario de máxima audiencia. Y a Lula como tal le corresponde una buena parte de esos minutos de emisión. Para los analistas, cada segundo protagonizado por él sería una derrota para la justicia.
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