Pese la creciente presión de la comunidad internacional para que cese la represión del gobierno, el presidente Daniel Ortega inició este martes el ataque a Masaya, el gran bastión de la resistencia en Nicaragua.
Las primeras informaciones señalaban que entre 1.500 y 2.000 personas armadas, entre Ejército, Policía y paramilitares a las órdenes de Ortega, habían bloqueado los accesos a Masaya, cuidad heroica que se sitúa a 35 kilómetros de Managua.
La incertidumbre por el desenlace del asedio a este lugar, sobre todo en el barrio indígena de Monimbó, es grande, porque hasta ahora se había mostrado impasible ante las fuerzas leales al presidente.
El objetivo de Ortega es acabar con cualquier atisbo de resistencia antes del jueves, cuando se cumplirán 39 años del triunfo de la revolución sandinista, que coincide con el momento de mayor represión hacia la población, que han dejado más de 300 muertos después de casi tres meses de protestas.
Ya el fin de semana Ortega decidió atacar la Universidad Nacional de Managua (UNAN), el principal bastión de la resistencia estudiantil, y este lunes el jefe de la Policía de Masaya, Ramón Avellán, advirtió el lunes que "limpiarían" la ciudad al costo que fuera.
"La orden de nuestro presidente y de la vicepresidenta (Rosario Murillo, esposa de Ortega) es ir limpiando las calles. Y esa petición de la población de Monimbó, que es nuestro Monimbó, y nuestra Masaya, vamos a cumplirla. ¡Al costo que sea!"
Y a las 8 de esta mañana, empezaron a cumplir la orden presidencial, tal como lo advirtió Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, a través de Twitter.
Condena internacional unánime
En la víspera, los pronunciamientos de la ONU, EEUU y países de América Latina aumentó la presión contra el régimen represor de Ortega, mientras en Managua se denunció la muerte de 18 campesinos y en el contexto de convulsión social se aprobó una ley para castigar por terrorismo a los que destruyan o dañen bienes públicos y/o privados.
El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó de "inaceptable" la cantidad de muertos y el uso de la fuerza en el marco de la crisis en Nicaragua y afirmó que es responsabilidad del Estado proteger a los ciudadanos.
"Hay una cosa evidente, el número de muertes es chocante y hay un uso letal de la fuerza por parte de entidades ligadas al Estado que no es aceptable [...] Es absolutamente esencial que cese inmediatamente la violencia, que se revitalice el diálogo político, porque solo una solución política es aceptable".
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, dijo que "lo que sucede en Nicaragua demanda una reacción de la Organización de las Naciones Unidas para detener la ola de violencia generalizada".
Por su lado, el Departamento de Estado de EEUU condenó los recientes ataques contra estudiantes, periodistas y miembros del clero en Nicaragua y avisó al presidente Ortega de que cada nueva víctima en las protestas "mina aún más" su legitimidad.
En tanto, el canciller español, Josep Borrell, aseguró en Bruselas que en Nicaragua "la situación va de mal en peor", y anunció que se reunirá con el ministro secretario privado para Políticas Nacionales de Nicaragua, Paul Oquist, para abordar la situación.
Además, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, expresaron su preocupación por la crisis política y social de Nicaragua, en un comunicado conjunto, en que también denunciaron la "violación de derechos humanos y las libertades fundamentales" en este país. Anunciaron asimismo su "más firme" condena a los hechos de violencia en el país, exigieron el desmantelamiento de los grupos paramilitares e instaron a reactivar el diálogo nacional.
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