La Policía Nacional y la fiscalía están enfrentados por el escándalo e indignación que ha generado que dos sujetos, el chofer y copiloto de un bus de la empresa de transporte interprovincial Palomino, acusados de dopar y violar a una terramoza dentro de la unidad interprovincial, estén libres, a pesar de las pruebas que había en su contra.
La víctima es una joven de 25 años que denunció a Daniel Pérez Fierro (40) y Marcelino Vicente Palacios Barja (44). Lo hizo al llegar a Lima, en la Comisaría de Apolo, donde relató que luego de tomar un vaso de vino en el viaje de Arequipa a Lima, se quedó dormida. La terramoza sintió que durante el trayecto los sujetos la tocaban y al despertar le dijeron que “no volvería a pasar”. Luego sintió dolores en la parte baja y el examen de médico legista confirmó la violación.
Fue entonces que los efectivos de la dependencia policial fueron a la sede de la empresa de transportes en Lima y detuvieron a Pérez Fierro y Palacios Barja, que confesaron en el interrogatorio que tuvieron relaciones con la joven. Incluso Latina reveló que estos sujetos le dijeron a la Policía que, tras violarla, le hicieron tomar la pastilla del día siguiente.
Los violadores confesos fueron puestos a disposición de la fiscal Karina Toledo Wong. Y en este punto, empezó la cadena de errores y negligencias que permitió que Pérez Fierro y Palacios Barja quedaran libres. La magistrada se amparó en la figura legal de competencia funcional territorial, para no continuar la investigación. Es decir, que como el delito se cometió supuestamente cuando el bus pasaba por Nazca, ella no podía formalizar la denuncia.
"Cuando la fiscal no quiere formalizar la denuncia y la policía continúa con la detención de los delincuentes incurre en un delito. La torta se voltea y al final los violadores salen libres, los policías denunciados y las víctimas perjudicadas", dijo el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Gastón Rodríguez.
El alto mando policial también refirió que la fiscal pudo solicitar la custodia policial para el traslado de los acusados a la jurisdicción correspondiente, pero tampoco lo hizo. "Esto no solo indigna a la sociedad sino a los que vemos que nuestro trabajo cae en saco roto", añadió el general.
En su cuenta de Twitter, el Ministerio Público quiso deslindar la responsabilidad de la fiscal en este caso, al señalar que en ningún momento "firmó la libertad de los denunciados Daniel Pérez Fierro y Marcelino Vicente Palacios Barja por presunta violación a terramoza".
"Por el contrario, la fiscal adjunta provincial penal de Lima indicó al suboficial PNP que los denunciados y los actuados sean trasladados a la jurisdicción de Nazca, dado que allí se habrían suscitado los hechos, de acuerdo a la manifestación de la agraviada".
Pero el exprocuador Ronald Gamarra cuestionó el proceder de la fiscal, ya que "ella debió abrir investigación, iniciar coordinaciones con el fiscal de Nazca y no permitir que los autores confesos del crimen queden libres".
