Desde hace unos días se viene discutiendo en el Congreso de la República la posibilidad de un ley que permita a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) supervisar a las cooperativas de ahorro y crédito. Sin embargo, este proyecto al cual se opone Fuerza Popular fue finalmente devuelto a las comisiones de Economía y de Producción.

El clan familiar de Darío Llactahuamán Sacsara, el llamado “Doctorcito” fueron parte de la constitución de la cadena de 8 cooperativas que organizó para captar dinero de confiados ahorristas y licuarlo con fondos aportados presuntamente por narcotraficantes del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), hasta por 92 millones de soles.

Las organizaciones lideradas por “Doctorcito” estafó a 28 mil 730 socios, especialmente de la Cooperativa de la Federación de los Mercados de Ayacucho, de acuerdo con las indagaciones de la titular de la Fiscalía Provincial Contra la Criminalidad Organizada de Ayacucho, Ivone Aguilar Polar.

La red de cooperativas, integrada por Darío Llactahuamán, y compuesta por Clobis Carrasco Palomino y Richard Candia Espinoza, fue la responsable de montar la organización criminal que para lavar el dinero mal habido compró bienes patrimoniales, creó empresas, negocios, entidades financieras y cooperativas de fachada, según informa La República.

Esta "santísima trinidad" habría utilizado a sus hijos, esposas, primos, sobrinos y hasta amantes como testaferros para realizar sus actividades ilícitas para consolidar un aparente potencial económico y así presentarse como prósperos empresarios de la región.

De acuerdo a información que maneja la fiscalía, el "Doctorcito", junto con su esposa, Sucy Gómez Flores, fundó una empresa y dos cooperativas en la séptima cuadra de la avenida Mariscal Castilla (a la altura del puente Apurímac), en el distrito de Ayacucho. Se trata de Multiservicios La Gran Familia Juntos y la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Comerciantes del Perú. Asimismo, constituyeron la cooperativa Fondo Agrario del Perú.

El “Doctorcito” y su familia abrió sucursales de sus cooperativas en Abancay, Andahuaylas, Satipo, Tarma y otras provincias, con el objetivo de ampliar el rango de captación de ahorros. También constituyó la Cooperativa de Ahorro y Crédito Transportistas Sur Ayacucho y designó como presidente a su hermano Alfredo Llactahuamán Sacsara.

La bancada fujimorista se resiste a aprobar una ley para que la SBS fiscalice las actividades de las cooperativas de ahorro y crédito, que, como demuestra el caso del clan del "Doctorcito", engañó a 28 mil 730 socios y captó dinero del narcotráfico, según la investigación fiscal. Incluso la legisladora Úrsula Letona presentó un proyecto de ley presentado que propone una reforma constitucional para crear una superintendencia de entidades solidarias.

El grupo con mayoría en el Parlamento alega que la iniciativa pretende quebrar a las cooperativas en beneficio de la banca tradicional, pero lo cierto es que la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori y dos de sus más cercanos colaboradores, la la propia Letona, presidenta de la Comisión de Constitución, y Miguel Ángel Torres, miembro de la Comisión Permanente del Parlamento, han recibido fondos para sus campañas políticas o han mantenido tratos con las cooperativas que no son reguladas por ninguna autoridad en el país.

Para el parlamentario de la bancada oficialista y presidente de la comisión de Economía, Guido Lombardi, Fuerza Popular tendría intereses en no querer promover la supervisión a las cooperativas. “Me da toda la impresión que no. Tienen intereses muy cercanos los de Fuerza Popular (a las cooperativas)”, expresó en entrevista para Canal N.

(Foto de cabecera: La República)

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