El fujimorismo se salió con la suya. Tras más de cuatro horas de un tenso debate, y en medio de protestas para que se debata la ley que fija que las cooperativas de ahorro y crédito sean supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), este proyecto al cual se opone Fuerza Popular fue finalmente devuelto las comisiones de Economía y de Producción.

Casi al final de la jornada, el congresista fujimorista Héctor Becerril planteó que el dictamen retorne a los mencionados grupos de trabajo, pedido que fue aprobado por 46 votos a favor y 42 en contra, en una sesión en que estuvieron registrados 89 legisladores y se requería la mitad más uno de los votos. Ahora, es probable que la iniciativa legislativa duerma el sueño de los justos.

Los voceros de casi todas las bancadas, salvo la fujimorista, coincidieron en que es necesario que la SBS sea empoderada para fiscalizar a las cooperativas en un país como Perú, donde se lavan cientos de millones de dólares al año, tal como lo plantea el proyecto del legislador Víctor Andrés García Belaunde, que cuenta con el aval no solo de la SBS sino de la misma Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (Fenacrep).

Pero, ¿por qué el partido de Keiko Fujimori, quien es investigada precisamente por lavado de activos, se opone a esa medida? El fujimorismo alega que la iniciativa pretende quebrar a las cooperativas en beneficio de la banca tradicional, pero lo cierto es que la jefa de Fuerza Popular y dos de sus más cercanos colaboradores, la congresista Úrsula Letona, presidenta de la Comisión de Constitución, y Miguel Ángel Torres, miembro de la Comisión Permanente del Parlamento, han recibido  fondos para sus campañas políticas o han mantenido tratos con las cooperativas que no son reguladas por ninguna autoridad en el país.

Según los registros oficiales de Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE),   en el última proceso electoral, el expresidente de la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú (Confenacoop) René Manrique, a la sazón  gerente de la cooperativa Presta Perú, realizó siete aportes a la campaña presidencial de Keiko Fujimori por un total de 112,320 soles.

Pero además Manrique Cusarrinos, quien postuló al Congreso por Fuerza Popular  con el N° 2 en la lista por Arequipa, sería el nexo entre las cooperativas y el partido que dirige la hija de Fujimori, según el semanario Hildebrandt en sus Trece, que ha consultado múltiples fuentes al respecto.

Dos meses después de las elecciones del 2016, se empezó a gestar el proyecto de García Belaunde, que se trabajó por dos años entre la SBS, la Fenacrep y diversas comisiones del Congreso, para evitar que muchas de las más de 600 cooperativas de ahorro y crédito que hay en todo el país sigan siendo usadas para lavar dinero y pasen a ser supervisadas por la SBS.

La iniciativa ya estaba en su recta final, pero apareció a última hora una propuesta paralela de Úrsula Letona, una de la fujimoristas vinculada a las cooperativas, que  frenó todo y que plantea, a través de una reforma constitucional, la creación de una Superintendencia de Entidades Paralelas. 

En la práctica, este proyecto deja a las cooperativas lejos del alcance de la SBS, que es el ente especializado para detectar lavado de dinero de ilícitas actividades como narcotráfico, minería ilegal, corrupción, entre otras.

El portal Ojo Público reveló además que la congresista Letona tuvo como asesor a Miguel Vásquez Cárdenas, un gestor de interés de las cooperativas y autor de un informe contrario al proyecto de ley de García Belaunde, el cual tenía el aval de la SBS.

En tanto, el fujimorista Miguel Ángel Torres reconoció en una de las sesiones de trabajo de la Comisión de Economía en la que se discutía la propuesta de García Belaunde su cercanía con las cooperativas. "He hecho todas las referencias de mi pasado cooperativista, de mi presente cooperativista, de mis relaciones con el cooperativismo y de mi orgullo cooperativista", refirió.

Pero de lo que no dijo nada el alfil de Keiko es del conflicto de intereses que tiene en este tema, porque sucede que su estudio de abogados, Torres y Torres Lara, tiene como clientes a 18 cooperativas de ahorro y crédito, de acuerdo a su propia   página web. "Aquí hay un conflicto de intereses evidente. Con todos estos clientes el señor Torres no debería intervenir en este tipo de discusiones", manifestó García Belaunde en el debate del jueves. Pero 'Miki' Torres ni se inmutó y logró posponer el debate del proyecto, para beneplácito de sus clientes.

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