El Congreso, dominado por el fujimorismo, no solo creó un régimen de excepción que debilita el control de sus acciones, sino que además lo convierte en la única institución del Estado que puede elegir a su propio fiscalizador, una labor que para el resto de sus pares recae en la Contraloría General de la República.
La razón está en la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría, que PPK había observado, pero que el Legislativo aprobó por insistencia el miércoles y el nuevo presidente, Martín Vizcarra, firmó esta semana en Palacio, en una ceremonia en la que invitó a los titulares del Congreso y de la Contraloría, Luis Galarreta y Nelson Shack, respectivamente.
Pero el problema es que la excepción al control de la Contraloría que se autorizó el propio Congreso no sustento legal y es un mal precedentes en la lucha contra la corrupción, según expertos. "La ley debe ser igual para todos", dijo citada por La República la ex procuradora Katherine Ampuero, al subrayar que como muestra de querer erradicar la corrupción, el Legislativo debió empezar por dar el ejemplo.
"La objetividad y la transparencia en las acciones de fiscalización se logran justamente si la persona encargada de fiscalizar no es nombrada por la propia institución. Lo contrario le quita imparcialidad".
El exprocurador Luis Vargas Valdivia sostuvo que no existe un sustento legal en la excepción para designar a su propio fiscalizador que creó el Congreso, porque lo mismo se podría hacer también con el Poder Judicial o con otras entidades que son autónomas constitucionalmente.
"Lo que buscan es demostrar que el Congreso está por encima de los demás, y eso es un error. Todavía se escucha decir a algunos parlamentarios que el Congreso es el primer órgano del Estado, pero es equivocado porque esa idea rompe con el concepto de unidad y equidad en el Estado".
En medio de las críticas y cuestionamientos, el vocero de la bancada de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, tuvo que admitir que fue un error aprobar la ley con esa excepción, por lo que —anunció— pedirán que se modifique esa parte de la norma.
"Pediremos la modificación parcial de la ley en ese aspecto para darle la posibilidad a la Contraloría General de la República, que es un órgano constitucional, de intervenir en el nombramiento (del jefe del sistema de control). Es una cuestión que hay corregir".
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