Esta semana, Fuerza Popular presentó el proyecto de ley 2450, el cual propone que se incorpore en el Código Penal el "delito contra la libertad religiosa y de culto", que se sancionará además con una pena de cárcel de hasta 15 años.
La iniciativa del legislador fujimorista Carlos Tubino modifica el Título IV del Código Penal, referido a los delitos contra la libertad, para que se incorporen las sanciones en los siguientes términos:
"El que, sin derecho ataque a otro, mediante ofensas, desprecios, agravios o insultos a su libertad religiosa y de culto, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años".
La sanción será mayor cuando se ponga en peligro la salud del agraviado o cuando la víctima sea menor de edad:
"La pena será no menor de diez ni mayor de quince años, cuando el agraviado resulte con graves daños en el cuerpo o en la salud física o mental, o muere durante el ataque intencional o a consecuencia de dicho acto".
Tubino —quien en su cuenta de Twitter suele atacar e insultar al que lo critica o disiente de él—, alega en su exposición de motivos, como una paradoja, que "la tolerancia religiosa significa respetar y aceptar la existencia de otras formas de profesar la fe religiosa y como tal ser tolerante, implica una virtud moral que supone el respeto a la integridad humana (…) sin importar que sean contrarias a las nuestras".
Para muestra, dos botones. (útero.pe)
Así es como Tubino hace gala de la 'tolerancia' a la que ahora recurre para justificar su proyecto de ley.
útero.pe
Aunque no queda claro qué intenciones hay detrás de una norma así, lo cierto es que la libertad religiosa ya está garantizada en la Constitución, pero tal como está planteado el proyecto, este puede afectar los derechos de quienes disienten de una creencia. O dicho de otra forma, lo que Tubino y compañía parecen querer es evitar que los no creyentes cuestionen sus creencias religiosas.
Este es el proyecto de ley Nº 2450 que esta semana presentó Fuerza Popular en el Congreso y que empezará a ser debatido en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
