La violencia contra la mujer, de cualquier edad y condición, es uno de los mayores problemas del Perú. Todos los años, los casos aumentan, con mayor escándalo y aberración, como el de la niña Jimena, la menor de 11 años que fue violada, estrangulada y cuyo cuerpo fue incinerado por su agresor en San Juan de Lurigancho, pero ¿qué han hecho realmente las autoridades, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, para combatir este flagelo social? Muy poco, pero todos se indignan y reclaman sanciones y vuelven al poner sobre la mesa el estéril debate sobre la pena de muerte.
Desde que se instaló, en agosto de 2016, el actual Parlamento, controlado por el fujimorismo, solo se aprobaron dos proyectos relacionados de forma directa con el referido problema, de acuerdo al balance que presentó la congresista Indira Huilca, legisladora de Nuevo Perú, informó La República.
Uno fue la ley 30609, con la que se les quitó los beneficios penitenciarios a los sentenciados por violación de menores; y el otro fue la ley 30710, que impide suspender penas a condenados por lesiones contra mujeres. Pero no más. Y hay al menos cinco iniciativas legislativas, incluso algunas con dictámenes favorables, que siguen esperando a ser debatidas en el Pleno del Congreso.
La legisladora Marisa Glave anunció que su bancada, Nuevo Perú, solicitará a la Mesa Directiva que preside el fujimorista Luis Galarreta, que programe un 'Pleno Mujer' para debatir exclusivamente estos temas.
Los proyectos buscan sancionar con mayor dureza las agresiones contra las mujeres, explicó la legisladora Tania Pariona, también de Nuevo Perú, quien dijo que hay congresistas que se han mostrado indiferentes frente a este flagelo.
"Creen que la violencia que sufren las mujeres, jóvenes y niñas no es de atención urgente. Se ha ido postergando el pedido de tener un Pleno que nos permita debatir y aprobar medidas para garantizar la prevención y erradicación de la violencia que atenta contra miles de mujeres".
Y no es problema menor, como se puede apreciar casi todos los días en los medios de comunicación. Y las cifras oficiales lo confirman: según datos de los Centros de Emergencia Mujer, en el Perú se reportaron 3.125 casos de violación sexual de enero a septiembre del 2017, de los cuales 2.160 fueron a menores de 17 años.
En el Ejecutivo, cercado por la crisis política que desató el presidente Pedro Pablo Kuczynski con el irregular indulto a Alberto Fujimori y sus nexos con Odebrecht, tampoco han mostrado un compromiso real en la lucha contra la violencia de género.
En octubre del año pasado, luego de que se conoció que una mujer fue violada durante el Censo Nacional, se creó una comisión de alto nivel para "erradicar" la violencia contra la mujer. Pero hasta la fecha no existe ningún resultado de su trabajo.
Tampoco existe un presupuesto especial para los sectores involucrados en esa lucha, así como se destinan recursos concretos para la prevención de desastres, por ejemplo. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sector a cargo de las estrategias para lucha y prevención de la violencia de género, tiene un presupuesto para este año de S/ 457 millones.
DATO
✔ En el Ministerio del Interior se implementó un programa de recompensas, en el que se incluyó a delincuentes buscados por violencia sexual a nivel nacional.
[Foto de cabecera: Andina]
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