El 14 de este mes la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó, el informe que recomienda destituir e inhabilitar por diez años al magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Eloy Espinosa-Saldaña y suspender por 30 días a su colegas Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Manuel Miranda, por un fallo en el caso El Frontón. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que había sido comunicada sobre esta sanción, no tardó mucho en pronunciarse al respecto. Hace apenas dos días emitió una resolución que ordena suspender el proceso contra estos magistrados "hasta que el pleno de Corte conozca la solicitud de medidas provisionales" 

Lo cierto es que el Poder Legislativo, de mayoría fujimorista, está obligado a acatar la disposición de la Corte de IDH de suspender de inmediato el proceso que se sigue a cuatro magistrados del TC por el caso El Frontón, ya que si el Congreso no lo hiciera, estaría yendo contra la normativa nacional e internacional. Así lo hizo saber el jurista Walter Albán, quien además comentó que espera que la mayoría parlamentaria fujimorista cumpla con lo resuelto por el organismo supranacional y el proceso contra los miembros del TC sea suspendido hasta el próximo 2 de febrero.

Es justamente el día en que la Corte IDH realizará la audiencia de supervisión del caso El Frontón y evaluará el cumplimiento de su sentencia contra el Estado peruano. De hecho, la Corte ha afirmado que el caso de los magistrados del TC le compete porque la decisión que estos adoptaron en el recurso de reposición de los 34 exmarinos, acusados de las ejecuciones extrajudiciales en junio de 1986 en El Frontón, podría incidir en el juicio oral. Ya en el 2000, el organismo supranacional ordenó al Perú que se investigue y sancione, así como iniciar nuevos procesos a eventuales responsables de las muertes y desapariciones ocurridas durante el develamiento del motín de presos por terrorismo  durante el primer gobierno de Alan García (1985-1990).

Walter Albán, el abogado defensor de uno de los procesados, indicó a La República que ningún representante del Estado peruano puede desconocer un mandato del sistema interamericano, del cual el Perú forma parte a través de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. "Hacerlo traería consecuencias graves, más aún en el contexto de crisis que vivimos", sostuvo.

En esa misma línea, el director del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, advirtió que si el Congreso imcumple con el mandato de la Corte IDH se generaría un "nivel de responsabilidad internacional del Estado", que el organismo supranacional tendrá que precisar sobre las consecuencias y acciones que este desacato conllevaría. Para Rivera la disposición de la Corte es un “hecho de carácter histórico” por la trascendencia que tiene y el precedente que puede dejar para otros casos de lesa humanidad.

El Congreso cuestiona la resolución

A pesar de todos los acuerdos legales que obligan Perú a cumplir con esta decisión de la Corte IDH, el lunes el presidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta, manifestó que si bien el proceso, que está pendiente de votación en la Comisión Permanente y el Pleno del Parlamento, aún no se ha iniciado, el Parlamento evaluará la resolución del tribunal supranacional, pero adelantó que prevalecerá "de nuestro fuero nacional". Es decir, dejó entrever que no se acataría.

"Me parece una falta de respeto que este señor, el presidente de la Corte IDH, si todavía ni siquiera ha acabado el proceso, quiera presentar una acción que no corresponde", dijo el fujimorista en Agenda Política.

Los que sí anunciaron en declaraciones a los medios que cumplirán de forma "estricta y escrupulosa" con lo resuelto por la Corte IDH fueron los cuatro magistrados del TC procesados en el Congreso. Tanto Marianella Ledesma, Carlos Ramos, Manuel Miranda y Eloy Espinosa-Saldaña dijeron que acatarán esta resolución en cumplimiento de la Constitución Política, que reconoce a los tratados firmados por el Estado como parte del derecho nacional.

(Foto de cabecera: La República)

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