Keiko Fujimori salió el viernes, furibunda, a amenazar a la prensa que reveló detalles del interrogatorio de Marcelo Odebrecht en Curitiba, Brasil, ante los fiscales peruanos, en el que afirmó que tenía la certeza de que los aportes de su empresa a la campaña del 2011 de la excandidata de Fuerza Popular se produjeron y que los detalles los conocía Jorge Barata.
Según publicó El Comercio, Odebrecht dijo también que la frase ‘aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita’ significa que ya había una entrega previa de dinero; también confirmó que el ‘AG’ en la agenda de su celular es Alan García.
Tras negar por enésima vez haber recibido dinero de la constructora, Keiko Fujimori anunció que denunciará penalmente por difamación a El Comercio—que se ratificó este sábado en lo que publicó en una editorial en el que responder las amenazas de jefa de Fuerza Popular— y que también pedirá a las fiscalías peruana y brasileña que se haga pública la transcripción del interrogatorio a Odebrecht.
Fue, en todo caso, una respuesta política ante la revelación periodística sobre las declaraciones de Odebrecht, porque es imposible que tanto las autoridades del Perú como de las de Brasil acepten romper el compromiso de confidencialidad que tienen del interrogatorio en Curitiba, menos aún si las investigaciones están en curso, explicaron el exprocurador José Ugaz y el exfiscal Avelino Guillén.
Los sistemas de colaboración entre países tienen un proceso regulado para garantizar la reserva de las declaraciones, explicó Ugaz, quien además dijo, citado por La República, que mientras la colaboración esté en plena etapa de verificación de información, el testimonio del ex CEO de la constructora brasileña no se puede hacer público bajo ninguna circunstancia.
"Si se hiciera pública, en ese caso habría mil posibilidades de que se cambie el escenario probatorio, de que las personas involucradas estén advertidas y oculten información. Por una razón de prudencia, la ley establece que no se puede hacer pública hasta que no pasen por un proceso de verificación".
Guillén por su lado recordó que los propios abogados de Keiko Fujimori que estuvieron presentes en la diligencia en Curitiba, el peruano Edward García y el brasileño Beno Brandau, firmaron el acuerdo de confidencialidad antes de participar del interrogatorio.
"El acuerdo fue suscrito por todos los que intervinieron en el interrogatorio. Por ello la difusión de la declaración no sería viable. Es un imposible hoy, porque su propio abogado suscribió el secreto. También debe considerarse que Marcelo Odebrecht está suscrito en Brasil a la delación premiada".
Tras lo declarado por Odebrecht, queda claro que el hombre de las coimas de la constructora brasileña en el Perú, Jorge Barata, es clave para terminar de cerrar el círculo, porque él es quien tiene los detalles de cómo se habría dado el aporte de dinero, de dónde salió y cómo llegó al Perú, entre otros aspectos que aún faltan determinar.
Pero un problema que tendrá que ver cómo resuelve el equipo Lava Jato del Ministerio Público es que la colaboración eficaz de Barata en el Perú está ahora en suspenso. Ya se han dado algunos pasos para restablecerla pero aún sus cuentas bancarias en el país se encuentran embargadas por un proceso que le inició la fiscalía de la lavado de activos.
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