La posible modificación de la Ley de Alimentación Saludable (30021) ha puesto en sobresalto a la comunidad científica e incluso a la Defensoría del Pueblo, ya que junto a un grupo de médicos y el propio Ministerio de Salud (Minsa) consideran que el cambio de etiquetas, podría terminar incrementando los riesgos de contraer enfermedades crónicas en el país.
Esto, a través de un proyecto de ley, presentado por el congresista de Fuerza Popular Daniel Salaverry, que plantea modificar el etiquetado de octágonos con los colores blanco y negro con mensajes claros a una especie de semáforos con colores verde, amarillo y rojo y cifras que pueden confundir al consumidor.
Este sistema de alerta de alimentos no saludables, el cual advertía mediante un octágono el alto contenido en azúcar, sodio o grasas saturadas, así como la presencia de grasas trans en los alimentos, fue aprobó el Minsa el pasado 18 de agosto, cuando se prepublicó el Manual de Advertencias Publicitarias (MAP). Sin embargo, voces como las del médico Elmer Huertas señalan que su eliminación significaría el retroceso en 10 años de lo avanzado en temas de alimentación saludable.
Este martes tuvo que ser debatido la iniciativa que promueve la modificación del etiquetado en productos alimenticios en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, no obstante, el presidente de dicho grupo parlamentario, el también fujimorista Miguel Castro, impidió que el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Perú, el español Raúl González, partícipe del mismo.
En declaraciones a La República, el representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Perú recordó su expulsión durante la sesión señalando que estuvo allí, “lo escuché con mis oídos, lo vi con mis ojos, y lo sufrí en carne propia, la manera en que se rehúsa la opinión de la OMS y cómo se rechaza directamente. Ni siquiera se permite dar la opinión sobre un tema que resulta vital en la salud pública de los peruanos. Para mí resulta sorprendente y nunca nos ha pasado en la OMS", declaró.
"Se supone que su fin es defender los intereses del consumidor y yo no creo que lo esté haciendo”, agregó.
En ese sentido, el médico español manifestó que percibe resistencia de las industrias peruanas a la Ley de Alimentación Saludable pese a que su aplicación en otros países, como Chile y Ecuador, generó aspectos positivos como la autorregulación de estas en el contenido de los productos.
"Mi experiencia con la industria aquí es que ellos claramente se resisten. He tenido fuertes debates. En otros países, hay resistencia inicial. Sin embargo, se enganchan y se comprometen. Nadie prohíbe vender, véndelo con toda la grasa que tú quieras, pero tienes que advertirlo. La idea es que (las industrias) se motiven para que sus productos no tengan estas etiquetas", explicó.
Los riegos
Considerando que Perú es el país con el incremento más rápido del consumo de productos procesados y ultraprocesados en toda la región, según la OMS, la modificatoria de la Ley 30021 solo supondría un mayor impacto de enfermedades como diabetes, obesidad, cáncer o problemas cardiorrespiratorios que, evidentemente, ocasionarían mayores costos al Estado en el sector Salud.
"Si no se hace nada, lo lógico es que la tendencia se mantenga. Lo que se pretende implementar es una maraña, un intento de confundir y no de brindar información útil a los consumidores. Nosotros trabajamos con evidencia científica, no andamos con suposiciones", señaló.
(Foto de cabecera: La República)
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