Luego de cumplir su condena de 25 años de prisión por terrorismo, Martha Huatay, quien formó parte de la cúpula de Sendero Luminoso, dejará a los 74 años de edad en las próximas horas la cárcel y recobrará su libertad, como manda la ley.

Huatay, conocida como camarada Rosa, fue sentenciada en octubre de 1992 como cabecilla del grupo Socorro Popular (SOPO), organización senderista que perpetró el 95% de atentados en Lima durante los años de terror.

Los últimos de días de Huatay han sido muy activos, debido a que ha realizado acciones judiciales como la sustentación de un hábeas corpus que interpuso contra la fiscal Marcelita Gutiérrez por querer impedir su excarcelación al abrirle una investigación preliminar por el atentado de Tarata, que dejó 25 muertos y 155 heridos. 

De hecho, la Procuraduría por casos de terrorismo tenía previsto incluir a Huatay en el proceso por ese caso, sin embargo, el pedido fue desestimado por el Poder Judicial.  

(fuente: El comercio)

Según El Comercio, el jueves pasado presentó un escrito ante la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial para pedir el archivamiento de esta investigación y donde denunciaba ante la Fiscalía Penal 45 a la fiscal Gutiérrez y a los fiscales superiores Luis Landa y Luz Ibáñez por la misma indagación, cuya apertura se debió al testimonio de Óscar Ramírez Durand, “camarada Feliciano”, quien señaló que ella sabía de la planificación del atentado ocurrido el 16 de julio de 1992.

¿Y la reparación civil?

Huatay, al igual que Maritza Garrido Lecca, libre hace un mes, saldrá de prisión sin haber pagado su reparación civil. La justicia le interpuso tanto a ella como a otros miembros de la organización terrorista el pago solidario de S/3.700 millones. Ya en octubre del 2012, el Estado pudo embargar una oficina de la subversiva, ubicada en el jirón Roosevelt 205, en el Centro de Lima, a fin de garantizar el pago de una parte de la reparación civil.

Al recuperar su libertad, la exsenderista recuperará sus derechos como ciudadana, entre ellos estará habilitada para ejercer su profesión como abogada, puesto que según el decano del Colegio de Abogados de Lima, Pedro Angulo Arana, cumplió con el pago de cotizaciones mensuales para mantener vigente su habilitación.

Vigilancia

En tanto, el congresista Marco Miyashiro (Fuerza Popular), quien fue parte del grupo policial que capturó a la cúpula senderista en los 90, consideró que los servicios de inteligencia deben tomar previsiones y mantener vigilada a Huatay, para evitar que "varíe en su conducta", sobre todo porque en todos sus años de encierro, nunca dio muestras de arrepentimiento por el daño causado al país.

"La liberación de una terrorista conocida como Martha Huatay se debe al cumplimiento de una sentencia judicial, tenemos que ser respetuosos de la independencia de los poderes", dijo a la agencia Andina. "Estamos en un sistema democrático y tenemos que respetar las sentencias judiciales, lo que no impide que se tome las providencias del caso", añadió.


(Foto de cabecera: La República)

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