Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia allanaron este miércoles la casa de la ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz, destituida por el chavismo tras sus críticas y denuncias contra el al régimen de Nicolás Maduro.
Esta intervención ocurre luego de que el nuevo fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, nombrado por el cuestionada Asamblea Constituyente impuesta por Maduro, pidiera la privativa de libertad del diputado Germán Ferrer, esposo de Ortega Díaz,
"Como el delito fue en flagrancia (en curso) el ciudadano debe estar privado de libertad, en custodia en su residencia", dijo Saab en rueda de prensa, tras señalar que ya solicitó al Tribunal Supremo, controlado también por el chavismo, que ordene la captura de Ferrer "mientras se inicia el proceso de allanamiento (retiro) de su inmunidad parlamentaria".
El constituyente Diosdado Cabello, número dos del chavismo, había acusado al esposo de Ortega de liderar un supuesta red de extorsión que operaba en el Ministerio Público mientras su esposa era fiscal general.
Diosdado cabello, número dos del chavismo. (EFE)
Saab mostró unos papeles como presunta prueba contra Ferrer, dijo que eran de unas cuentas en bancos de las Bahamas y aseguró que esta "red de extorsión" que operaba desde el Ministerio Público tiene cuentas con montos que superan los 6 millones de dólares.
"Estamos hablando de una mafia trasnacional porque crearon una fundación y una compañía anónima en el exterior que servía para esta legitimación de capitales, es decir, no se conformaron con simplemente hacer las operaciones en el país sino que tiene un alcance ya de carácter internacional".
Saab acusó a Ortega de convertir al Ministerio Público, en los más de nueve años en que lo dirigió, "en un lugar que en vez de combatir los delitos particularmente graves como son la corrupción, el lavado de dinero, la legitimación de capitales y la delincuencia organizada" en un "centro de chantaje" y "de extorsión".
Ortega, quien se distanció del chavismo para convertirse en una férrea opositora al régimen de Maduro, fue destituida el 5 de agosto último por la Constituyente, que la acusó de "actos inmorales". La exfiscal dijo que su salida del Ministerio Público era un paso más que daba el gobierno para instaurar una dictadura en Venezuela. Desde entonces, ha denunciado la brutal represión de las protestas sociales y las constantes violaciones a los derechos humanos en el país.
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