Una nueva investigación sugiere que la políticas que sostienen la guerra contra las drogas en el Perú son un "rotundo fracaso". El libro Lucha contra las drogas en el Perú: Una batalla perdida, de Jérôme Mangelinckx, publicado este año, revisa principalmente cómo las leyes de drogas vienen impactando en el sistema de justicia.
A través de la revisión de la data de las penitenciarías peruanas y de algunas ideas que suelen asociarse a las drogas y a su consumo en el país, el estudio auspiciado por el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) evidencia cómo el Estado peruano, en su lucha contra el tráfico ilícito de drogas (TID) termina por afectar principalmente a jóvenes, mujeres y, en general, a personas de escasos recursos.
"Son los eslabones más débiles de la cadena los que llegan a las cárceles: los transportistas, los que realizan el almacenaje, los burriers, ciudadanos con un nivel socioeconómico bajo. La lucha contra las drogas se hace desde abajo. En la cárcel no hay grandes capos del narcotráfico", cuenta a LaMula.pe el investigador.
En repetidas ocasiones, de acuerdo a la investigación, estas personas son condenadas a penas muy altas, fuese porque no tuvieron la debida defensa o porque, incluso, fueron víctimas de actos de corrupción antes de llegar a juicio.
tomado del estudio
Algunas de los datos que se busca visibilizar en Lucha contra las drogas en el Perú: Una batalla perdida es que, por ejemplo, seis de cada 10 mujeres en las cárceles, de acuerdo a un reporte del 2014, están por delitos contra la salud -concepto que engloba a los delitos vinculados con drogas-, "la mayoría de ellas está por tráfico de drogas", nos explica Mangelinckx.
"Lo que que se vende a la opinión pública o a la comunidad internacional en términos de luchas contra las drogas son cifras que en sí no dan una dimensión efectiva. Ejemplo de ellos son las hectáreas erradicadas de hoja de coca y la resiembra que se hace luego".
El experto, quien forma parte del CEDD, nos dijo que lo que las leyes contra las drogas en el Perú hacen realmente es impactar en el sistema carcelario además de afectar a los más pobres. Lo que no está haciendo, en cambio, es fiscalizar la penetración del narcotráfico en la política, a través del lavado activos, financiando partidos políticos para beneficiarse de leyes, desde el legislativo, el ejecutivo o los gobiernos locales y regionales.
tomado del estudio
El perfil del encarcelado por drogas, según Mangelinckx, es alguien que tiene un bajo nivel de educación, no tiene trabajo y tiene problemas de salud.
"No son grandes criminales de carrera, sino que caen por un delito esporádico para salir de una situación difícil. Cuando atrapan por ejemplo a un burrier para los traficantes no es una gran pérdida: al día siguiente encuentran a una persona en las mismas condiciones para realizar un crimen de la misma envergadura pese a conocer las consecuencias".
Asimismo, otro dato que esta investigación hace evidente es una práctica conocida entre la Policía Nacional: la de detener a ciudadanos por consumir drogas, cuando el consumo no está penalizado en ciertas condiciones. Más bien, señala el investigador, "el consumo de drogas no es una cuestión penal y no le corresponde a la Policía, sino más bien es un asunto de salud pública".
tomado del estudio
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