“Telefónica del Perú es el gran deudor del Estado. Es la empresa que todo lo judicializa, que no quiere pagar intereses por tributos impagos. Que no quiere pagar nada, en suma”, dice  uno de los abogados de la Procuraduría de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). ¿Cuál es la razón de ello?

La empresa española de telecomunicaciones está a la espera de que se resuelva su apelación en contra de una resolución que le ordena pagar S/1’580,924,820 a la entidad recaudadora. La responsable de emitir un dictamen al respecto es la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, informa el semanario Hildebrandt en sus trece (HB13).

Proceso extenso

Son aproximadamente 19 de años de litigio, desde 1998. "Arrancó cuando la Sunat descubrió que Telefónica del Perú debía S/338 millones por declaración de Impuesto a la Renta de los años 1998, 2000 y 2001. La empresa presentó un reporte de operaciones que registraban supuestas pérdidas tributarias por 700 millones de soles en esos años y que, por tanto, no le correspondía pagar impuesto. La Sunat dice que la compañía no sustentó con documentos contables aquella declaración", dice el funcionario.

En esa línea, los directivos de la empresa, el presidente del directorio José Alfonso Bustamente y el gerente general Javier Manzanares Gutiérrez, los contadores Julio Voyset y Renán Alfieri Villegas han sido convocados a una audiencia para este miércoles 21 de junio, liderada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, para que respondan a la acusación por presunta defraudación tributaria. Por su parte, la sala suprema presidida por el vocal Vicente Walde Jáuregui ha fijado una audiencia este 4 de julio.

Estrategia empresarial

Según el semanario, la estrategia legal de Telefónica es la de llevar la discusión sobre los impuestos y los intereses moratorios por dos instancias: a través de procesos contenciosos administrativos y de procesos constitucionales de amparo. Según los abogados de la Sunat, esta táctica se explica cuando se entiende que si pierden el proceso en los juzgados contenciosos, podrían dejar de pagar su deuda a través de los amparos constitucionales.

En tanto, el argumento de la empresa es que la Sunat se excedió dos años en resolver la protesta planteada por la compañía, lo mismo con el Tribunal Fiscal, quien también se demoró el mismo tiempo para emitir un fallo. Esta demora en tratar las impugnaciones, según la defensa legal, es la que vuelve a esos intereses moratorios "ilegales".

Sin embargo, la Procuraduría de la Sunat afirma que durante ese tiempo Telefónica no interpuso recurso alguno para agilizar los procesos y, menos aún, “mostró interés” en pagar la deuda original que siguió multiplicándose año a año. 

Responde Telefónica 

LaMula.pe se comunicó con la empresa y ésta subrayó que durante el periodo 1998-2001 cumplió con abonar la renta de forma oportuna, y que una acción de fiscalización posterior de la Sunat generó un pago adicional de 338 millones de soles, lo cual elevó la tasa efectiva sobre la utilidad contable de ese periodo a 42%. Agrega que la controversia tributaria es tal porque la administración tributaria desconoció arbitrariamente otros gastos.

“La administración tributaria tardó más de 10 años en resolver la controversia y el monto inicial, que era de aproximadamente 400 millones de soles, se multiplicó por seis veces al cabo de ese periodo”, detalla.

Telefónica argumenta que la Sunat desconoció el derecho a deducir los ingresos no cobrados a sus clientes, con lo que habría descartado el proceso de gestión de cobranza realizado por Telefónica que constaba de nueve acciones, como anotación de la deuda en el recibo, envío de cartas de cobranza, entre otros.

“Uno de los argumentos que utilizó la Sunat entonces es que en las cartas de cobranza enviadas por Telefónica existe cierto exceso de amabilidad al ‘advertir al cliente que, en caso de haberse cancelado la deuda hasta la recepción de la misma, no tomar en cuenta su contenido’, y como consecuencia no debía ser tomado como gestión de cobranza. La Sunat de entonces exigió sólo a Telefónica que cada llamada de gestión de cobranza haya sido grabada, sin que tal procedimiento estuviera previsto en la Ley del Impuesto a la Renta y tres años después de ocurridos los hechos”, explica.

Un conflicto tributario que tiene para rato.

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