"El Inminente Junio". Así título una de sus columnas Gustavo Gorriti, director de IDL-reporteros, para referirse a que ese mes será clave para el desenlace de la trama corrupta de Odebrecht, porque las autoridades de Brasil entregarán a sus pares del Perú —y de otros 10 países en los que la constructora montó su esquema de sobornos— las delaciones premiadas de los exejecutivos de la compañía, con los nombres de políticos y funcionarios corruptos a todo nivel.

Pero esa información, que empezará a ser desembalsada a partir del 1 de junio, se entregará bajo ciertas condiciones. La principal, cuentan La República y Convoca, es que se respete la reserva fiscal. Es decir, no será aún de conocimiento público, debido a que Rodrigo Janot, procurador general de Brasil, le comunicó a su par peruano, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que solicitó al Supremo Tribunal Federal de su país que mantenga el sigilo o secreto de esos testimonios, así como las pruebas que los acompañan.

Las otras exigencias con que viene acompañada la colaboración informativa de la justicia brasileña son que se respete los acuerdos judiciales de ese país, o sea, la leniencia de los delatores —no enjuiciarlos civil o penalmente—, tal como se señala en el Acta de Cooperación Internacional firmada el 15 de mayo por los tres fiscales peruanos que viajaron a Curitiba para tomar declaración de  Marcelo Odebrecht.

Janot alegó que el objetivo de ponerle candados a esa información de Odebrecht es evitar que entorpezcan las investigaciones que se realizan en otros países con el revuelo político que puedan causar las delaciones.

El acuerdo de leniencia suscrito entre las autoridades de Brasil que investigan el caso Lava Jato y Odebrecht era inicialmente de seis meses y vencía el 1 de junio próximo, fecha a partir de la cual se empezarían a hacer públicas las declaraciones sobre los hechos en el exterior. Sin embargo, el acuerdo también preveía que ese plazo, dadas las circunstancias, se alargue, que es lo que acaba de ocurrir. 

Ya el procurador Janiot presentó el viernesúltimo la solicitud ante el juez relator de la Corte Suprema para el caso Lava Jato, Edson Fachin. En el documento, al que accedió Convoca.pe, la Procuraduría de Brasil sostiene que si el Supremo acepta el pedido, se garantiza que a partir de este jueves no haya "divulgación pública del contenido" de las delaciones sobre los hechos de corrupción ocurridos fuera de Brasil.


El acuerdo de no incriminación que suscribieron los fiscales peruanos en Curitiba cuando interrogaron a Marcelo Odebrecht debe ser ratificado formalmente por el Ministerio Público peruano. Este es un requisito para esa información se comparta y pueda ser usada fuera de Brasil. Las coordinaciones en nuestro país para recibir esa documentación están a cargo de Alonso Peña Cabrera, el jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de al fiscalía, y el jefe del equipo de trabajo del caso Odebrecht, Hamilton Castro.

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