Para el director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Francisco Soberón, el caso que involucraría al expresidente Ollanta Humala en el asesinato y desaparición de personas en Huánuco debe reabrirse frente a la existencia de los audios que comprometen al exmandatario con la compra de testigos.
"Hay suficientes elementos allí para reabrir las investigaciones sobre las responsabilidades de Ollanta Humala Tasso, capitán 'Carlos', en las desapariciones, ejecuciones y torturas en la base Madre mía en 1992", afirmó Soberón en entrevista en "24 horas".
"Nosotros hemos acompañado el caso no solo como Aprodeh, sino como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) desde sus inicios, cuando pobladores de Madre Mía reconocieron al candidato Humala Tasso como capitán Carlos".
Para Soberón Garrido, el estado peruano tiene una obligación con las víctimas de este caso. "De acuerdo a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), no pueden haber obstáculos, ni amnistías, ni indultos, ni prescripciones, ni cosas juzgadas, para que una caso se reabra o el estado peruano cumpla con sus obligaciones internacionales de juzgar y sancionar a los responsables de crímenes de derechos humanos".
Soberón recordó también que Aprodeh ha venido acompañando a los familiares de las víctimas de este caso desde el principio y que nunca se estuvo de acuerdo con el archivamiento del caso.
Audiencia ante la corte
El caso Madre mía se expondrá, a través de los representantes de la CNDDHH, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante el 162 Periodo Extraordinario de Sesiones programado para mayo, en Buenos Aires.
Esto se abordará en una audiencia programada para el jueves 25, así lo informó Ana María Vidal, secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora, en una entrevista para el diario La República.
“Solo en base a un testimonio que cambia y ha cambiado varias veces, es muy débil, porque es testimonio contra testimonio de la misma persona. El Poder Judicial y el Ministerio Público están obligados, al ver este cambio, a buscar nuevas pruebas que acrediten que se tenga que alcanzar justicia”, dijo.
“La posición de la Coordinadora es que nunca se ha alcanzado justicia. Solamente se cerró el caso, que es distinto a encontrar justicia. Los familiares nunca han hallado a los responsables, no se han hallado los cuerpos de sus seres queridos, nunca ha habido una sanción efectiva para los responsables. Eso no es justicia”, manifestó.
(Foto: Leandro Britto / Diario Correo)
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