Uno de los anuncios que hizo el martes el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en la conferencia de prensa sobre el caso Odebrecht, es que se está muy cerca de llegar a un acuerdo con la constructora brasileña, que admitió haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, con el fin de adjudicarse obras públicas. 

Como parte de ese acuerdo, se busca que Odebrecht pague compensaciones al Perú, es decir, un monto parcial por las ganancias ilícitas que obtuvieron durante la ejecución de proyectos en nuestro país. Este dinero sería aparte de la reparación civil que deberá pagar la empresa si es que fuera condenada por tribunales peruanos, precisó en la misma conferencia el fiscal a cargo del caso, Hamilton Castro.

El exprocurador y actual presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz,  se mostró a favor de que Odebrecht pague compensaciones, y explicó que para ello el equipo de la fiscalía que ve el caso debe revisar cada uno de los contratos que firmó la constructora con el Estado peruano, y a partir de ahí negociar los montos.

"Las indemnizaciones son producto de sentencias judiciales. Es el camino normal. Pero si el Estado tuviera indicios de hechos delictivos, podría –al amparo de cláusulas de los contratos– sentarse con los responsables y establecer un nivel de transacción y seguir una estrategia que le permita, sin tener que pasar por juicios que pueden ser largos y complejos, un acuerdo para recuperar dinero", dijo Ugaz a La República.

Sería algo parecido a lo que hicieron EEUU, Suiza y Brasil, países que firmaron un acuerdo de lenidad con Odebrecht –que es una confesión a cambio de reducción de castigo– con la empresa brasileña, que incluye el pago de 3.500 millones de dólares, la multa más alta de la historia por sobornos. De ese monto, el gigante sudamericano se quedará con el 80%, mientras el 20% restante se lo dividirán en partes iguales los estadounidenses y suizos.

Ugaz recordó que, hasta donde se sabe, en el caso del Gasoducto del Sur Peruano hay una cláusula anticorrupción que señala que si hay prácticas ilegales, el contrato se cae. "Me imagino que está previsto algún tipo de indemnización. Hay que ir contrato por contrato y ver las cláusulas que regulan la relación Estado-empresa", refirió.

Un acuerdo de ese tipo puede ser el mejor el camino para evitar pasar años en tribunales o arbitrajes en los que el Estado peruano pierde la mayoría de veces. "Lo mínimo a pedir sería una confesión para saber qué pasó, cómo se cometieron los hechos, cuál es el monto del perjuicio y definir esa devolución dineraria", anotó el jefe de Transparencia Internacional.  

"Esto abre una oportunidad, siguiendo el ejemplo de lo logrado por otros países, para poder llegar a ese tipo de compensaciones", agregó.

En cuanto a la expulsión de Odebrecht en el país, Ugaz sostiene que "no es tan fácil como decir 'que se vaya'. A partir del contrato, se define la estrategia. No detener el desarrollo de la infraestructura debe ser una prioridad. Dependerá de cómo el Estado vea sus prioridades".

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