El último domingo 25 de diciembre, el Ministerio de Justicia aprobó el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de acuerdo a la ley promulgada en junio pasado por el entonces presidente Ollanta Humala, con el objetivo de hallar a las más de 15 mil víctimas no encontradas del período del conflicto armado interno vivido en nuestro país entre 1980 y 2000.
La resolución lleva la firma de la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello.
En dicha resolución, se indica que en dicho período hubo como saldo "miles de personas desaparecidas, cuyas familias no conocen hasta hoy su paradero; más aún, a la fecha no se cuenta con información precisa e inequívoca sobre el universo de las personas desaparecidas".
También recuerda que el Tribunal Constitucional ha señalado al respecto:
"el derecho a la verdad en casos de graves violaciones a los Derechos Humanos como la desaparición forzada, es un derecho autónomo y constitucional, considerando que éste se fundamenta en la dignidad del hombre y en los principios del Estado democrático de derecho (...)"
Además, sostiene que si bien "se ha logrado ubicar, recuperar, identificar y entregar restos mortales de un grupo de personas desaparecidas a sus respectivos familiares"; al mismo tiempo esto "resulta insuficiente frente a la magnitud del problema, por lo que se hace necesario, adoptar una política pública de búsqueda de personas desaparecidas".
Este plan estará a cargo del Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, cuya titular es Gisella Vignolo, "en tanto se determine el órgano de línea que asumirá dicha función".
Foto de cabecera: RPP.
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