Lo ocurrido este martes en Venezuela marca un punto de inflexión en el país, en un momento en que el descontento de los venezolanos frente al colapso económico del país llega un 80%. La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, aprobó iniciar un proceso para determinar la responsabilidad del presidente Nicolás Maduro en la "ruptura del hilo constitucional" y acordó convocarlo a comparecer en el hemiciclo el próximo 1 de noviembre.

El jefe de la bancada opositora, Julio Borges, dijo que la citación al mandatario es para que "responda todas las argumentaciones y acusaciones" en su contra y para que "demuestre que se somete a la Constitución y al Parlamento".

Pero lo cierto es que en Venezuela existe un quiebre institucional desde que, en enero pasado, el Tribunal Supremo de Justicia -controlado por el chavismo- dejó sin competencias reales a la Asamblea Nacional y declaró nulos todos sus actos.

A esto se suma que lo aprobado por el Parlamento venezolano no se traduce en hechos concretos inmediatos. En la práctica, representa el comienzo de un juicio político contra Maduro, profundiza el conflicto de poderes y busca ejercer una presión sobre el oficialismo para lograr una solución a la crisis, luego de que el diálogo entre oficialismo y posición anunciado el lunes por el Vaticano naufragara horas después.

La cabeza de la oposición, Henrique Capriles, gobernador de Miranda y dos veces candidato presidencial, fue quien le dio el puntillazo final a las negociaciones que la Iglesia convocó. En una transmisión por Internet, dijo que "no estaba planteado" hacer una reunión en la Isla Margarita, lejos del escrutinio público, y sugirió que el enviado del Papa Francisco, monseñor Emil Paul Tscherrig, había sido sorprendido en su buena fe. Luego un puñado de líderes opositores empezó a expresar en la red social Twitter su extrañeza ante un acuerdo del que, decían, se habían enterado por los medios.

"Aquí se ha dado un Golpe de Estado", insistió Capriles, tras advertirle al Sumo Pontífice que en la crisis venezolana está "tratando con el diablo", en alusión a los miembros del chavismo. "La situación de diálogo planteada no existe", anotó.

¿Qué se viene?

El acuerdo del Parlamento establece que el mandatario está ejerciendo su cargo de una forma distinta a lo que establece la Constitución, lo que abre las puertas a una especie de ‘impeachment’, en el que se definirá si Maduro se ha apartado de sus funciones o no.  Es parte del juego de ajedrez entre oposición y oficialismo.

Pero además pone a la Fuerza Armada y a la ciudadanía a decidir si apoya al presidente o a la Asamblea. Por lo pronto, ya el Alto Mando Militar de Venezuela salió públicamente a manifestar su respaldo a Maduro. 

El anuncio que hizo la semana pasada el Consejo Nacional Electoral (CNE), sobre la suspensión de la segunda fase del referendo revocatorio contra Maduro, le quitó a los venezolanos el derecho a remover al presidente por la vía pacífica y electoral.

Con la vía institucional cerrada, a la oposición y a quienes quieren un cambio en Venezuela no les queda otro camino que la resistencia en las calles, y es probable que el gobierno, en medio de este creciente clima de crispación política y social, opté por profundizar la represión.

Así resumió en el New York Times la situación actual que vive su país el periodista y escritor venezolano Hugo Prieto:

"Venezuela vive un punto de quiebre. Si se confirma la tesis de que no habrá referéndum, como lo habían anticipado los voceros del chavismo, incluido el presidente, se cerrará la válvula de escape que hasta ahora había servido para contener el descontento que más del 80 por ciento de los venezolanos manifiestan frente al colapso económico y social causado por la gestión de Maduro. Y no hay duda de que añadirle más presión a la olla que ya es la sociedad venezolana podría hacerla explotar".

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