El caso Antalsis volvió a concitar el foco de atención mediática el viernes último por la sorpresiva detención de Francisco Boza, exjefe del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y medallista olímpico, debido a sus presuntos vínculos ilícitos con Martín Belaunde Lossio, exfinancista y exjefe de campaña del expresidente Ollanta Humala en 2006.

Antalsis es el nombre de la constructora de capitales españoles que representaba Belaunde Lossio en Perú. Lo destapó Cuarto Poder en noviembre de 2014 y, según la OSCE, esta empresa ganó contratos con el Estado por unos S/150 millones en el quinquenio pasado, durante el gobierno nacionalista.

La fiscalía ya tiene casi lista la denuncia que presentará esta misma semana ante el Poder Judicial, informó El Comercio, citando fuentes del Ministerio Público, que dicen que se trata de la primera red interregional delictiva de este tipo que operó en el Perú bajo la batuta de Belaunde Lossio. 

Según las pesquisas, esta organización tuvo entre sus principales operadores a cuatro exgobernadores regionales: Jorge Acurio (Cusco), José Luis Aguirre Pastor (Madre de Dios), Vladimir Cerrón Rojas (Junín) y Gregorio Santos (Cajamarca), así como a un expresidente del IPD (Francisco Boza).

Fuente: El Comercio.

Todo ellos serán denunciados por el delito de colusión y otros. En la acusación fiscal también será incluido el exgerente de Antalsis Juan Carlos Rivera Ydrogo, conocido como 'Chocherín', quien además fue financista de las campañas de Humala del 2006 y 2011.

Esta presunta organización delictiva encabezada por Belaunde Lossio logró que Antalsis se adjudique grandes obras públicas en regiones del país de manera ilegal, gracias a sus nexos con los referidos exgobernadores regionales.

De hecho, la revista Poder reveló cómo Belaunde Lossio consiguió tejer un eficaz despliegue de relaciones e influencias para lograr contratos a favor de un puñado de empresas. En las regiones de Lambayeque, Madre de Dios, Cusco y Huancavelica, las evidencias apuntan a un modus operandi, que en su etapa final implicaba dejar de ejecutar las obras.

Roces con el Poder Judicial

Este caso, sin embargo, generó roces entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, a raíz de la detención -y posterior liberación- de Pancho Boza. Según se supo, el fiscal Elmer Chirre, a cargo de las indagaciones, había terminado sus pesquisas el 12 de setiembre, pero tres días después, obtuvo la autorización judicial para interceptar las conversaciones telefónicas de Boza por 60 días. 

Fue en este contexto que se decidió intervenir de emergencia al exjefe del IPD el último viernes, porque en las escuchas se advertía que Boza pretendía destruir documentos que lo relacionarían con Belaunde Lossio y dejó entrever que fugaría del país.

El juez que autorizó las interceptaciones telefónicas y la detención a Boza fue Richard Concepción Carhuancho, pero este dijo el domingo que el fiscal Chirre no le informó de forma oportuna sobre la conclusión de la indagación preliminar del caso, y que por ello no podía realizar ninguna otra diligencia. El magistrado agregó que ya informó a la Oficina de Control Interno del Ministerio Público al respecto.

El abogado de Pancho Boza, Miguel Ávalos, le dijo a El Comercio además que las escuchas en que se basó la detención de Boza eran ilegales, porque ocurrieron después del plazo fijado para la investigación preliminar del caso Antalsis. Boza renunció al IPD el 5 de noviembre del 2014, luego de que se revelara que le pidió a Belaunde Lossio que moviera sus influencias en el Congreso para que se aumente el presupuesto del organismo que dirigía.

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