Durante la primera semana de agosto, la Plataforma para el Ordenamiento Territorial, colectivo de la sociedad civil que tiene como propósito promover la implementación de una política de ordenamiento y gestión del territorio basado en la participación democrática de la sociedad y el reconocimiento de la heterogeneidad sociocultural del país, alcanzó un pronunciamiento al jefe de Estado, Pedro Pablo Kuzcynski, en el que le expresó su preocupación por los temas de descentralización y ordenamiento territorial.
“Las inversiones y el ordenamiento territorial no son contrarios y pueden armonizarse desde una perspectiva de desarrollo sostenible”, se le indicaba.
“Las normas legales que se refieren al ordenamiento territorial son muchas, en diferentes ámbitos y con superposiciones, lo que dificulta entender su alcance y fuerza jurídica”, dice la OCDE en el documento de evaluación de desempeño ambiental del Perú elaborado por la CEPAL y que fuera publicado en mayo de este año. Es más, sugiere que se defina una política nacional de ordenamiento territorial que tenga como resultado una norma que integre los temas dispersos y que establezca su fuerza legal en relación con otras políticas. También recomienda que se concluyan los procesos y se cumplan con los instrumentos de ordenamientos existentes.
Este ordenamiento es una herramienta útil para planificar y alcanzar un desarrollo sostenible en las zonas rurales y urbanas, pero tiene críticas de algunos empresarios extractivos. El gobierno anterior impulsó su debate, sobre todo mediante el Ministerio del Ambiente: “El ordenamiento territorial es una herramienta técnico política de planificación y concertación para el uso sostenible del territorio. El ordenamiento no se hace con un chasquido de dedos, es un proceso que toma tiempo porque tiene varias etapas”, dijo en su momento el entonces ministro Manuel Pulgar-Vidal.
Un ejemplo de este intento de poner el tema en agenda nacional fue la publicación Ordenamiento territorial en el Perú (2011-2015), que aquí puedes descargar.
Pese a ello, el tema tenía momentos de invisibilización. Sin embargo, el tema ha vuelto a escena luego de que la parlamentaria María Foronda, del Frente Amplio (la candidata presidencial de esta agrupación, Verónika Mendoza, impulsó el tema durante la campaña electoral) y presidenta de la Comisión de Ambiente del Congreso de la República, anunciará que hará todo lo posible para que se apruebe una ley de ordenamiento territorial (hay tres iniciativas pendientes).
“Una alternativa ambiental urgente es la aprobación de una ley de ordenamiento territorial porque hoy existen más de 220 conflictos socioambientales originados, sobre todo, por la minería, y eso no puede seguir”, declaró al diario Gestión. Aunque ya se cuenta con mecanismos que determinan dónde puede haber o no actividad extractiva (lo cual sería suficiente en opinión de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo), la congresista indica que no basta porque en el país hay muchas áreas protegidas que cuidar, al margen de las ya establecidas. El presidente del gremio mineroenergético, Carlos Gálvez, también entrevistado por el diario, duda de que esta ley solucione los conflictos.
La ley comentada es necesaria también para lograr un desarrollo más equilibrado de las ciudades, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la protección del patrimonio natural y cultural. Se debe saludar la iniciativa de Foronda y estimular un debate que incluya las opiniones de todos los sectores involucrados.
(Foto cabecera: Cooperacción)
También puedes leer:
Discusión y aprobación de Ley de Ordenamiento Territorial exige Plataforma de Organizaciones
