Luego de la multitudinaria protesta que tuvo lugar el pasado 24 de julio en Santiago y otras ciudades de Chile, disconformes con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), la presidenta de aquel país, Michelle Bachelet, dictó una serie de medidas para reformar el sistema pensionario, de manera que los trabajadores sean mejor retribuidos.
Una de estas medidas es el aumento, en cinco puntos porcentuales, de la tasa de cotización de los trabajadores, en un plazo de 10 años, pero con cargo al empleador.
Además, dispone que las AFP devuelvan lo cobrado por comisiones en los casos en que haya rendimientos negativos. Otra medida es que los empleadores aporten, de manera solidaria, al fondo de pensiones de sus trabajadores.
Estas medidas buscan que las pensiones en Chile, que representan para los aportantes entre un tercio y 50% de lo que ganaban en su vida laboral (unos 185 dólares), tengan un aumento, y de paso pueda lograrse mayor equidad en el futuro.
Al respecto, Bachelet ha manifestado en una entrevista con Radio Cooperativa:
"El sistema antes era de capitalización individual, luego vino este pilar solidario con los más pobres, pero ahora estamos incluyendo un pilar solidario colectivo, de reparto que es intergeneracional con cargo al empleador (...) Me gustaría que esta nueva fórmula sea de solidaridad. Con los actuales pensionados y con los futuros pensionados. Que el concepto solidario fuera básico. Pero eso no está cerrado".
Por su parte, el ministro chileno de Hacienda, Rodrigo Valdés, afirmó que esta reforma costará cerca de 1,500 millones de dólares, equivalente al 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI) de aquel país.
El sistema de las AFP fue impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet en 1981, pero mantuvo el de las fuerzas armadas, carabineros y otras instituciones afines, cuyos integrantes cuentan con altas pensiones, a diferencia de la mayoría de los trabajadores.
La presidenta Bachelet ha dado un paso importante, saludado por algunos, criticado por otros, para reformar el sistema de pensiones de Chile. Pero al fin y al cabo, es un paso.
¿Y EN EL PERÚ CUÁNDO?
Con la llegada de Alberto Fujimori al poder en 1990, se impuso el nuevo económico de libre mercado (neoliberal, para los críticos), que incluyó la "importación" del modelo chileno de las AFP en 1991.
Han pasado 25 años y como en Chile, existen más quejas que halagos. Por ello, en el último año, se impulsó una norma en la que los aportantes mayores de 65 años al sistema privado, puedan retirar hasta el 95,5% de sus fondos en las AFP. Pese a varios reparos del gobierno de entonces (Ollanta Humala), finalmente la ley vio el humo blanco.
Además de esto, se promulgó una norma que permite a los trabajadores de cualquier edad que aporten a una AFP utilizar el 25% de sus fondos para comprar una vivienda, o amortizar una deuda hipotecaria.
Al calor de estas medidas, que han sido saludadas por la mayoría de los ciudadanos y los sectores políticos, el tema de la reforma del sistema de pensiones fue debatido en la campaña electoral.
El presidente Pedro Pablo Kuczynski, luego de su victoria electoral del 5 de junio, ha tenido en cuenta este tema. Por ello, su excandidata al Congreso, Giovanna Prialé, dijo a la revista PODER el pasado 29 de junio, que el nuevo gobierno conformaría una comisión para atender dicha reforma.
Pasadas dos semanas desde que Kuczynski inició su mandato, se esperan novedades sobre el tema, que no solo apunta a reformar el sistema privado, sino el público (Oficina de Normalización Previsional), de manera que todos los trabajadores puedan disfrutar plenamente de su trabajo de años.
Foto de cabecera: Presidencia de Chile.
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