La octava jornada de movilizaciones contra el proyecto de reforma laboral que pretende sacar adelante el Gobierno francés se celebró hoy en un clima de creciente crispación, que degeneró en disturbios en diferentes puntos del país. 

El pulso que los principales sindicatos y el Ejecutivo de Manuel Valls libran por cuenta de las modificaciones al código de trabajo regresó a las calles, al tiempo que continuó, un día más, en sectores capitales de la economía francesa como el transporte, los combustibles o el abastecimiento eléctrico.

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La escasez amenaza a las gasolineras, de las cuales entre un 20 y un 30 % han agotado sus reservas, como consecuencia de que seis de las ocho refinerías del país se hallen total o parcialmente paradas, según la Unión Francesa de Industrias Petroleras (UFIP).

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Tampoco se libran desde la noche del miércoles las 19 centrales nucleares del país (que generan más del 75 % de la electricidad), cuyos 58 reactores no han sido apagados, pero sí han experimentado una baja de carga, que en la mañana de hoy era de 5.000 megavatios.

Mientras, la huelga de controladores aéreos organizada en el marco de las protestas acarreó esta jornada la cancelación de 105 vuelos en el aeropuerto parisino de Orly.

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Un portavoz de la Dirección General de la Aviación Civil (DGAC) subrayó a Efe que las cancelaciones fueron conformes a las indicaciones que se habían dado a las compañías aéreas para que redujeran en un 15 % su programa en Orly.

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Pero el día era hoy de los manifestantes, que salieron en buen número (aunque sin llegar nunca a ser manifestaciones masivas) para hacer oír su voz frente a lo que consideran una rendición del Gobierno socialista ante las políticas neoliberales.

Unas 20.000 personas según la Policía -el sindicato Fuerza Obrera elevó esa cifra a 100.000- participaron en la marcha de París, entre las céntricas plazas de la Bastilla y Nación.

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En este último lugar, como pudo constatar Efe, la tensión era absoluta, con cientos de agentes antidisturbios bloqueando el acceso a la plaza después de que decenas de encapuchados quemaran contenedores y arrojaran proyectiles a la policía, que respondió con el lanzamiento de gases lacrimógenos.

Según los medios franceses, a las 19.00 hora local (17.00 GMT) habían sido arrestadas al menos 31 personas por participar en los incidentes.

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La policía controlaba los bolsos de todo aquel que se aproximaba a la manifestación y les advertía de que era mejor no acceder al lugar debido al riesgo de nuevos choques, mientras un grupo de manifestantes pertrechados con cascos y pañuelos se mezclaba con el resto de participantes en la marcha.

Entre el humo dejado por los gases lacrimógenos y por pequeños incendios, pancartas con lemas como "Exigimos la democracia" eran enarboladas por algunos de los sindicalistas presentes como Jean Kister, de la Confederación General del Trabajo (CGT).

"Estamos dispuestos a llegar hasta el final. El objetivo de las manifestaciones y las huelgas es la retirada completa del texto, porque es una vuelta al siglo XIX", señaló a Efe este sindicalista de la división de Investigación de la CGT.

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Un mensaje de firmeza similar, aunque de contenido opuesto, fue esgrimido hoy por el primer ministro, Manuel Valls, para defender que "no se modificará la filosofía general del texto", y en especial su artículo 2, que establece la primacía de la negociación dentro de la empresa en detrimento de los convenios colectivos.

El ministro de Finanzas, Michel Sapin, había abierto la puerta previamente a un replanteamiento del polémico artículo, en una apreciable grieta dentro del Ejecutivo, pero Valls se apresuró a cerrar esa posibilidad de forma tajante.

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Además, el primer ministro se mostró muy crítico hacia la movilización emprendida por la CGT, que catalogó de "irresponsable", y advirtió de que se van a "seguir desbloqueando" las instalaciones petroleras e industriales cuyos accesos han cerrado los piquetes de huelguistas.

"Todas las posibilidades están sobre la mesa", alegó Valls en una entrevista con el canal "BFM TV" cuando se le preguntó si podría recurrir a las disposiciones que permiten obligar a volver al trabajo a los huelguistas en caso de fuerza mayor.

El jefe del Gobierno reiteró que el proyecto de ley para la reforma laboral se acabará aprobando este verano y no descartó volver a utilizar el mecanismo constitucional al que ya recurrió para evitar el voto en la Asamblea Nacional, donde no tenía mayoría por la fractura en su propia formación socialista. (EFE )

(Foto de cabecera: EFE)

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