En el Perú de hoy, los ciudadanos están en el nivel más bajo de la escala de prioridades del Estado. Vivan en la capital, afectados por abusivos intereses de los bancos y AFP; o en las zonas rurales, indefensos ante el paso depredador de las empresas mineras y petroleras; las leyes tienden a favorecer a las corporaciones.

Así lo demuestra un informe del portal de investigación Convoca.pe, denominado "Los archivos ocultos del petróleo y el Consorcio Camisea", a cargo de los periodistas Milagros Salazar y Aramís Castro, que demuestra que cientos de informes de supervisión ambiental fueron archivados durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. 

En primer término, los archivamientos ocurrieron cuando el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) se encargaba de la fiscalización del medio ambiente, y luego por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

El informe de Convoca.pe indica que durante el segundo gobierno de García, el 82,5% de estos informes fueron declarados "prescritos", mientras que en el de Toledo el 17,2% fue archivado. En el caso del régimen de Humala, solo se trató del 0,3% de los casos; pero hay que señalar que la investigación abarca las incidencias desde el año 2002 hasta el 2013.

Dichos informes recomendaban sanciones a diversas empresas, tanto del rubro de la minería como de petróleo, por graves infracciones medioambientales; pero luego de cuatro años, en los cuales los informes pasaban del organismo regulador hasta la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), quedaron archivados definitivamente.

La investigación también indica que la mayoría de los casos prescribieron durante las gestiones, al frente de la PCM, de Javier Velásquez (2009-2010), Jorge del Castillo (2006-2008) y Pedro Pablo Kuczynski (2005-2006), actual candidato a la Presidencia de la República.

La directora de Convoca.pe, Milagros Salazar, afirmó que la mayoría de los casos se produjeron cuando Osinergmin se encargaba de la fiscalización ambiental, antes de transferir esta competencia a la OEFA.

PLUSPETROL A LA CABEZA

La investigación de Convoca.pe muestra que la empresa más beneficiada con la prescripción de estos informes fue PlusPetrol, con 136 informes que daban cuenta de su responsabilidad en diversos hechos de contaminación ambiental.

En segundo lugar se ubica Consorcios Terminales, una subsidiaria de Graña y Montero Petrolera. 

HABLAN LOS AFECTADOS

Añadido al hecho de que el Estado peruano tiene leyes que juegan a favor de las corporaciones e incluso se perjudica a sí mismo con estas, al no poder cobrar millonarias multas a las empresas que contaminan, los ciudadanos que viven en estos lugares también quedan muy afectados, tanto a nivel de producción como de salud.

Edwin Montenegro, de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P), refirió que los indígenas no conocen los organismos reguladores y por ende no tienen dónde reclamar por la contaminación.

Afirmó que debido a la contaminación de sus lagunas y ríos tras el último derrame en la región Loreto, que según OEFA y Petroperú había sido controlada, los indígenas que se han visto obligados a consumir productos de los recursos hídricos, "sufren dolores de cabeza, vómitos y males estomacales".

Por su parte, Marcial Mudarra, de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas (CORPI), afirmó que insólitamente "fueron responsabilizados de las roturas de las tuberías" por donde pasa el petróleo. Denunció que si bien "hay derecho a multar a las empresas", lo cual en la práctica no se cumple, "nosotros no hemos sido compensados".

A su turno, la socióloga Patricia Patrón, de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), afirmó que la prescripción de estos procesos "es una prueba de la debilidad de la institucionalidad ambiental", y anotó que los pueblos indígenas "no tienen recursos para demostrar que su salud ha sido afectada" .

Y mientras los pueblos indígenas de la amazonía siguen sin ser reparados, las corporaciones que operan en estas áreas continúan en la impunidad.

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