Tras ser enviado a prisión en el 2014 como medida preventiva (un supuesto peligro de fuga) por la jueza Juana Caballero, el Ministerio Público ha emitido una acusación formal contra Gregorio Santos. El fiscal supraprovincial Walter Delgado ha solicitado 24 años de prisión para el candidato presidencial de Democracia Directa por los delitos de asociación ilícita y colusión.
Según la investigación fiscal, Santos, durante su gestión como gobernador regional de Cajamarca, dirigió una organización ilícita, dentro del mismo gobierno regional, que permitió que el empresario Wilson Vallejos Díaz fuera favorecido con once obras licitadas por Prorregión, la principal entidad ejecutora de dicha jurisdicción política a cargo de Juan Coronado.
Sobre este punto, el periodista Ricardo Uceda recuerda que dichas licitaciones suman, aproximadamente, unos S/150 millones. A su vez revela que el hombre de negocios hizo depósitos por S/800 mil al gobernador. Para argumentar su acusación, Delgado, además de los testimonios de colaboradores eficaces, presentó un audio de una conversación entre Santos y Gilmer Idrogo, representante de Vallejos. En el diálogo se escucha al candidato presidencial pedirle a Idrogo que entregue dinero a través a través del funcionario público Percy Flores -que también participó en la conversación- y ya no por intermedio de Coronado.
Junto a 'Goyo', como se le conoce en Cajamarca, fueron acusados 46 personas, entre los que figuran familiares del electo gobernador regional, funcionarios regionales y empresarios.
UN PROCESO POLÉMICO
Desde las indagaciones iniciales el proceso contra Santos estuvo marcado con la polémica. Como recuerda Uceda, el trato al candidato presidencial fue muy diferente a otros casos que también involucraban a otras autoridades regionales:
"Sin mayor argumento, al gobernador regional, acusado principalmente de colusión, se le consideró jefe de una banda criminal organizada [...] El trato ha sido sustanciamente distinto a otros exgobernadores acusados de colusión que no eludieron a la justicia, como Juan Manuel Guillén, de Arequipa, e Iván Vásquez, de Loreto".
Lo más extraño es que la jueza que dictaminó la prisión preventiva, Juana Caballero, señaló que apreciaba que la autoridad regional haya comparecido continuamente. No obstante, justificó su decisión aduciendo la súbita aparición de audio de Santos con Ydrogo y Flores.
El caso, además, tomó ribetes políticos, luego de que la autoridad regional fuera escogido por Democracia Directa, como su candidato presidencial. Aunque algunos se mostraron críticos con esta postulación no había ninguna norma que lo impidiera. Santos, incluso, obtuvo permiso para participar en el debate organizado por el Colegio de Periodistas del Perú y el Colegio de Abogados de Lima. Su campaña, a pesar de estar encerrado, ha tenido cierto éxito. Si bien Santos no se encuentra entre los primeros lugares, las últimas encuestas señalan que tiene 2%. Con esta cifra supera al expresidente Alejandro Toledo (Perú Posible), quien a 19 días de las elecciones ya es un 'zombie político'.
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[Foto de portada: Andina]
