La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) denunció que el gobierno de Bolivia busca censurar a la prensa del país por medio de una polémica norma que dificulta la renovación de licencias radiales, la misma que podría cerrar más de medio millar de emisoras.

En ese sentido la APLP se manifestó por medio de un comunicado:

"La amenaza de cierre es una realidad y la ATT (la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes, el organismo regulador en Bolivia) no atiende ni siquiera las solicitudes presentadas para ampliar la renovación de licencias a emisoras que han terminado sus trámites".

La denuncia estipula que el gobierno de Evo Morales pretende callar a los periodistas que llegan a los rincones más remotos del país, donde el Estado no está presente.

Por su parte, la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora) informó el viernes que la ATT está rechazando varias solicitudes de renovación de licencias por medio de una interpretación 'equivocada' de las normas.

El decreto en cuestión establece que una vez terminado el periodo de licencia, la radio deberá dejar de operar y, en el caso de que quiera acceder nuevamente a una frecuencia, lo deberá hacer mediante una 'licitación pública'. Según Alfonso Arévalo, el presidente de Asbora, esto provocaría el cierre paulatino de más de 500 emisoras.

Arévalo explicó que la Ley de Telecomunicaciones estipula que la vigencia de las licencias es de quince años, con la posibilidad de renovarlas por una sola vez con igual periodo de tiempo, siempre y cuando el titular cumpla con los requisitos legales solicitados. 

En ese sentido, Asbora argumentó que un decreto 'no puede estar por encima de una ley', por lo que propondrá a las autoridades modificar los artículos de esta norma que 'no permiten o dificultan la renovación de licencias para el servicio de radiodifusión'. 

Por otro lado, la APLP mostró su 'pleno respaldo' a la propuesta de la asociación de radios para cambiar el decreto y evitar el cierre de las emisoras, el mismo que supondría el despido de más de 2.000 trabajadores.

La ley

La Ley de Telecomunicaciones, promulgada en el 2011, le dio al Estado un 33% del espectro electromagnético, otro tanto al sector privado, un 17% a organizaciones indígenas y otro porcentaje igual a comunidades campesinas. 

Frente a este panorama, los gremios de periodistas criticaron la distribución puesto que, en la práctica, supondría que el Gobierno iba a controlar hasta el 67% del espectro debido a su relación con los sindicatos. 

Es de esta manera que el riesgo de que los medios privados sean desplazados y pierdan sus licencias, es muy alto. 

(Con información de infobae.com)

(Foto de cabecera: EFE)