Hace unas semanas les contamos de la profunda crisis en la que se encuentra la Universidad Nacional Micaela Bastidas (Unamba) de Apurímac por culpa de Manuel Israel Hernández García, el presidente de una Comisión Reorganizadora para esa casa de estudios designada por la disuelta Asamblea Nacional de Rectores (ANR).

Resulta que según la Ley Universitaria, estas autoridades debieron cesar en sus cargos el 31 de diciembre de 2015. Sin embargo, como se opusieron a dejar sus puestos, la Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) los denunció por el delito de usurpación de funciones, abuso de autoridad, entre otros.

Lo grave es que en enero pasado, el juez Juan Suyo Rojas, de la Sala Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, emitió una medida cautelar a favor de Hernández generando así que siga manejando dicha casa de estudios a su antojo.

Ante esta situación, los estudiantes han llevado a cabo protestas que han paralizado las actividades por más de diez días en la zona.

Precisamente, un grupo de jóvenes de la Federación de Estudiantes de la UNAMBA llegaron a Lima para advertir a las autoridades que alistan medidas más drásticas de protesta a fin de que se cumpla la Ley Universitaria en dicha casa de estudios.

En conversación con LaMula.pe, Samuel Retamoso, presidente de dicha federación señaló que se viene gestando un descontento popular a nivel regional.

"Hemos venido a dar a conocer el problema social que se vive en la UNAMPA por culpa del señor Hernández que cree que la universidad es su chacra. Es un Cotillo que tenemos en Apurímac".

Por otro lado, José Alberto Valencia, representante del Centro Federado de Ingeniería y Minas de la UNAMBA advirtió:

"El semestre 20015 - II se acabó en febrero del 2016 pero de manera irregular. El avance silábico solo ha sido de un 40 o 50% en todas las carreras y ellos han dado por concluido el semestre académico".

Como ya lo dijimos anteriormente, si son las propias autoridades judiciales las que están poniéndole trabas a la aplicación de la Ley Universitaria, en el caso de Apurímac, estaríamos próximos a un grave conflicto social que bien podría pasarle factura al Gobierno en los últimos meses que le quedan.