Si usted creía que nadie más podía superar la negligencia del exrector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Pedro Cotillo, por aferrarse a un cargo público, se equivoca.
En Apurímac, el hombre que ha sumido en los últimos meses en una profunda crisis a la Universidad Nacional Micaela Bastidas (Unamba) se llama Manuel Israel Hernández García.
La ex-Asamblea Nacional de Rectores lo designó presidente de la Comisión Reorganizadora Total para dicha casa de estudios.
izquierda: MANUEL ISRAEL HERNÁNDEZ GARCÍA, Presidente de la Comisión Reorganizadora Total de la UNAMBA. derecha: KARL WILHELM GAJETZKY, Alcalde de la Municipalidad Delegada de Villa Ampay
Sin embargo, según la Ley Universitaria, estas autoridades debieron cesar en sus cargos el 31 de diciembre de 2015. Por ello, la Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) ha presentado denuncias penales contra los integrantes de esta comisión por el delito de usurpación de funciones, abuso de autoridad, entre otros.
En enero pasado, el juez Juan Suyo Rojas, de la Sala Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, emitió una medida cautelar a favor de Hernández, pese a las observaciones de la Sunedu. Con ello, la justicia impide la adecuación de la Unamba a la nueva Ley Universitaria. En medio de esta crisis, el juez en mención ha salido de vacaciones.
nota del diario la voz regional sobre medida cautelar del juez Juan Suyo Rojas
Es importante señalar que de las 31 universidades públicas institucionalizadas, Unamba es la única que no ha iniciado aún con el proceso de adecuación a la nueva Ley Universitaria.
Ante esta situación, los estudiantes han llevado a cabo violentas protestas que han paralizado las actividades por más de diez días en la zona, para exigir el retiro de la comisión reorganizadora de Hernández, a quien consideran un intruso en su casa de estudios.
nota en el diario la república sobre la protesta de los estudiantes.
Por ejemplo, el 22 de enero, según reportó el diario La República, los estudiantes incendiaron un auto y bloquearon con piedras y palos las principales vías de la ciudad y la carretera Panamericana en el tramo que conduce a Cusco, lo cual provocó un fuerte enfrentamiento con la Policía.
La crisis ha llegado a tal punto que la Defensoría del Pueblo lo ha incluido en su informe de enero del 2015 como un conflicto social en el que no existe un diálogo entre las partes. (Vea el informe en la página 44).
Por si fuera poco, la administración de Hernández no respeta el calendario académico de la universidad, ya que ha acortado el último semestre, obligando a los alumnos y profesores a culminarlo sin desarrollar todos los temas incluidos en los sílabos.
así lo informó la administración hernández en la página web de la universidad sobre el término de las clases.
La Sunedu ha sostenido reuniones con estudiantes de la universidad, el titular del Poder Judicial, el ministro de Justicia y hasta con el defensor del Pueblo para buscar una solución a este problema.
No obstante, con unas autoridades judiciales que estarían poniéndole trabas a la aplicación de la Ley Universitaria, el conflicto podría llegar a un punto que bien podría pesarle al Gobierno.
