Creen que por esto son más "nacionalistas". La mayoría de los congresistas votaron a favor de un proyecto de ley que autoriza a la Fuerza Aérea del Perú (FAP) a derribar las aeronaves de las cuales exista evidencia o sospecha razonable de estar siendo empleadas para el narcotráfico.

En este sentido, debemos considerar que en el 2001, el Estado peruano se comprometió con su par estadounidense a no derribar aviones, luego de que se atacó una avioneta que transportaba misioneros y murieron dos personas.

El proyecto llamado "Ley de control, vigilancia del espacio aéreo nacional", fue aprobado por la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.

Como señala la nota de prensa del Congreso, "el documento propone declarar, previamente, como ‘aeronave hostil’, a la que desacate las instrucciones o no ejecute las medidas de persuasión dictadas por las aeronaves interceptoras de la FAP, y está de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por el Estado Peruano, y las normas de derecho internacional que resulten aplicables". 

El congresista Carlos Tubino (FP) es el autor de la norma y explicó los detalles. Señaló que sería considerada ‘aeronave hostil’ la que ingrese al espacio aéreo nacional sin autorización, no se identifique ignorando los requerimientos de las autoridades aéreas civiles o militares; o no ostente ningún distintivo de nacionalidad. Igualmente, sería considerada ‘hostil’ la aeronave que no respete los corredores establecidos por las autoridades aeronáuticas o esté volando a una altura no menor de 3,000 pies en un radio de 40 millas náuticas, entre otras 18 situaciones, que incluyen la sospecha de estar siendo empleadas para la comisión de actos ilícitos, en particular el narcotráfico. 

Tubino explicó también que el proyecto contaba con el respaldo de los diversos sectores involucrados en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el sicariato, y con acuerdos suscritos con varios países de esta parte del continente en defensa de nuestros respectivos espacios aéreos.

Destacó la importancia de la propuesta, teniendo en cuenta que informes de la Organización de las Naciones Unidas señalan que nuestro país produce 320 mil kilos de cocaína. De ese total, 180 mil kilos son llevados al exterior, principalmente a Bolivia, por vía aérea; 120 mil son ‘exportados’ por vía marítima y 20 mil kilos por tierra.

Según Tubino, se ha detectado entre 600 y mil vuelos por año, de los cuales un 95 por ciento procede de Bolivia, a razón de cuatro vuelos diarios en días sin lluvia, y dos vuelos en días lluviosos. Al respecto, dijo que mientras estaba hablando se había detectado dos vuelos desde y hacia Bolivia, en horas de la mañana.

Explicó, además que el dictamen establece cinco procedimientos previos que incluyen medidas de identificación, intervención, persuasión y neutralización, en forma progresiva y siempre que la anterior no tuviera éxito o sea acatada.

Entre esas medidas se considera:

1.- Obligar al piloto a aterrizar.

2.- El disparo de ráfagas de advertencia, con municiones trazadoras.

3.- De fracasar esas acciones, y como último recurso, se autoriza el disparo de proyectiles con la finalidad de ocasionar daños e impedir la continuación del vuelo.

El presidente de la comisión dictaminadora, Emiliano Apaza Condori (NGP), informó que entre el 16 de mayo y el 16 de agosto de este año se había detectado 222 vuelos irregulares, de igual número de aeronaves, cada una de las cuales transporta 350 kilos de droga, que dejan beneficios por 151 mil dólares, sin considerar los gastos por mantenimiento de los aparatos, pagos al personal que las operan, entre otros. 

Refirió además, que personal policial y militar han destruido varias pistas de aterrizaje ilegales, a un costo de 91 mil nuevos soles cada una, lo que significa una inversión de 27 millones de soles al año. Sin embargo, las pistas son reparadas en uno o dos días por los lugareños que reciben 60 dólares por día de trabajo.

Al iniciarse el debate, la legisladora Luisa Cuculiza (FP), consideró una “vergüenza lo que ocurre en nuestro país”, el hecho que la Fuerza Aérea no pueda hacer nada para detener esos vuelos ilegales, que se realizan con total impunidad.

Según dijo, cada piloto cobra 25 mil dólares por cada vuelo de tres horas de ida y vuelta a Bolivia; en tanto que cada poblado de la zona recibe 10 mil dólares por vuelo, aparte de 60 dólares diarios por la reparación de las pistas de aterrizaje que destruyen las fuerzas policiales y militares.

En la parte final del debate, el congresista Javier Bedoya (PPC-APP) destacó la importancia de la norma en debate porque permitiría dotar a las fuerzas militares de un instrumento necesario para combatir el narcotráfico. Afirmó que con ella se llenaba un vacío, pero demandó que se les dote de los elementos materiales necesarios para hacerla cumplir a cabalidad.

Con tal finalidad, su colega Manuel Zerillo (NGP) propuso incluir una disposición complementaria por la cual se declare de necesidad e interés nacional la adquisición de radares de alarma temprana y de corto alcance, además de sistemas de comando y control, entre otros, que contribuyan a la defensa de nuestro espacio aéreo.

Finalmente, Norman Lewis (UR) consideró que la aprobación del dictamen contribuiría también a erradicar los cultivos de coca, que hoy son difíciles de erradicar porque las comunidades necesitan del dinero que les proporciona el narcotráfico. Por ello, propuso coordinar acciones en ese sentido.

Fuente: El Heraldo / Congreso