Indignante. Aberrante. Estos calificativos incluso pueden ser insuficientes para referirnos a la decisión de la jueza Ubaldina Rojas Salazar a favor Luis Angel Piscoya Pérez, el sujeto que a inicios de este mes agredió de forma salvaje a Misui Chávez, su pareja de 25 años, en un hostal de Piura.

Piscoya fue liberado el mismo día de la agresión, pero una vez que el caso saltó a los medios de comunicación y se formalizó la denuncia, el Ministerio Publico pidió nueve meses de prisión preventiva por intento de feminicidio.

Pero la jueza Rojas acaba de dictar orden de comparecencia y declarar infundada la medida solicitada por la fiscalía contra el agresor, pese a las imágenes de la brutal golpiza que todo el país vio por televisión nacional.

¿Cómo entender o sustentar un fallo así? No se puede, bajo ningún análisis. Es una decisión que demuestra que la justicia puede ser una utopía en nuestro país, donde siete de cada diez mujeres han sufrido maltrato en algún momento de su vida, y de dicho grupo, al menos el 54% fue agredida por su pareja y otro 26% por su expareja, según datos del INEI.  

La Defensoría del Pueblo ya expresó su rechazo a la decisión de la jueza de Piura, y subrayó que las imágenes difundidas por los medios de comunicación constituyen pruebas contundentes de que los golpes y la agresión sufrida por Misui Chávez "constituyen un caso de tentativa de feminicidio, dada la grave afectación a su salud, integridad y vida".

Y agrega que la crueldad y ensañamiento de Piscoya contra su pareja es una "muestra tangible de las relaciones de poder y discriminación de la que todavía siguen siendo víctimas muchas mujeres, aspecto que no habría sido tenido en cuenta por la jueza del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria".

"Ante estos hechos no se puede dictar una medida de comparecencia, más aun cuando el agresor se encuentra no habido y la víctima desaparecida, y existe, incluso, el riesgo de que se encuentre con él y siga siendo agredida", señala la Defensoría en su pronunciamiento por este caso.

La familia de Misui Chávez no sabe nada de la joven desde que se conoció la agresión. Incluso, ya denunciaron su desaparición ante la autoridades.

La Defensoría invocó a las autoridades competentes del sistema de justicia a investigar y sancionar, de ser el caso, a los funcionarios que, como la jueza Rojas, incumplan con su deber de garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia.

"Estas son condiciones indispensables para lograr erradicar la naturalización de la violencia contra las mujeres, la tolerancia social y consiguiente impunidad ante esta intolerable vulneración de los derechos humanos", subraya la institución.

UNA BURLA

En tanto, el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, también rechazó el fallo de la magistrada Rojas a favor Piscoya. “Confiamos en que las autoridades superiores del Ministerio Público y del Poder Judicial sabrán corregir esto, que consideramos un error. No es posible que un agresor, un maltratador, se burle de la Justicia y salga en libertad”, dijo en Canal N.

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