Proética y otras organizaciones de la sociedad civil, como el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y la Asociación Civil Transparencia, expresaron su rechazo a la reciente aprobación, mediante el decreto supremo 176-2015-PCM, del Plan de Gobierno Abierto (PGA) 2015-2016.

¿La razón? Primero, porque lo aprobado no se ajusta a las condiciones para que el PGA se pueda cumplir efectivamente y, segundo, porque el Gobierno miente cuando dice que el plan fue producto de una amplia participación de entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil, gremios empresariales y sociales y privadas.

Proética recordó que en mayo de 2014 se quedó lista para su aprobación una propuesta de PGA que fue producto del debate y consenso que hubo con organizaciones privadas de la sociedad civil, pero el Gobierno, en su lugar, prefirió aprobar un plan a su medida y conveniencia:

"En consecuencia, el plan publicado no se ajusta ni a los plazos ni a las condiciones en las que debió haber sido formalmente aprobado (...) Advertimos además que dicho plan ha omitido considerar una de las propuestas más relevantes en el proyecto original, referida a la creación de una Autoridad Nacional Autónoma para la Transparencia y Acceso a la Información Pública".

Dicho de otra forma, el presidente Humala se zurró en el compromiso que suscribió en el 2011, cuando empezaba su gestión, atraído por la posibilidad de pertenecer al selecto grupo de 64 naciones transparentes que cuentan con mecanismos eficaces y oportunos para que sus gobiernos rindan cuentas ante sus ciudadanos, así como para que el periodismo pueda cumplir su rol de fiscalización del poder, fundamental en una democracia. 

Para el periodista Ricardo Uceda, secretario ejecutivo del IPYS, más grave que el incumplimiento de un compromiso internacional es el vacío legal que facilita gobernar en secreto, sobre todo cuando crece la percepción de que la administración nacionalista es corrupta y en medio de un contexto en el que están en marcha investigaciones sobre la pareja presidencial.

 En un artículo que publicó en La República, Uceda coincidió con Proética en cuestionar que el Gobierno haya omitido la reforma clave del compromiso asumido ante la Open Government Partnership: la creación de la Autoridad Nacional Autónoma para la Transparencia y Acceso a la Información Pública:

La legislación (actual), con más de 10 años, era ineficaz porque, ante una negativa, los ciudadanos debían hacerle juicio al Estado para satisfacer su derecho a saber. Pero el presidente Ollanta Humala no quiso crear un ente autónomo que zanjara las discrepancias.

¿Por qué es importante contar con una Autoridad Nacional Autónoma para la Transparencia y Acceso a la Información Pública? Simple: es una instancia para zanjar una discrepancia entre el ciudadano que pide información y un gobierno que quiere ocultarla. Así, ya no se tendría que recurrir al Poder Judicial, donde la decisión puede demorar muchos años.

El periodista Augusto Álvarez Rodrich, director periodístico de Latina y columnista de La República, se refirió a este tema y consideró que el PGA aprobado tal como está es un error grave del presidente Ollanta Humala, porque significa una expresión de escaso compromiso con la transparencia en la función pública:

"Es lamentable que esto ocurra cuando, justamente, el gobierno está más necesitado de ofrecer expresiones inequívocas de un compromiso con la transparencia en la gestión pública (...) Se trata de un asunto fundamental para la construcción de una sociedad empoderada, en la que el gobierno esté realmente obligado a dar cuenta de sus actos (...) A eso se ha negado el gobierno del presidente Ollanta Humala".

Pensamiento Humala

De acuerdo con fuentes confiables que cita Ricardo Uceda, quien se opuso a un organismo que decidiera con autonomía qué información debe conocer la gente y cuál no, fue el presidente Ollanta Humala. 

"Es un pensamiento militar, en este punto secundado por el premier Cateriano, y por supuesto por el actual titular de Justicia, el no menos castrense Gustavo Adrianzén. No todos pensaban lo mismo. El ex premier Juan Jiménez toleraba cierta idea de una Autoridad de Cumplimiento. El antecesor de Adrianzén, Daniel Figallo, estaba convencido de la necesidad de que un organismo así era necesario. Pero no hubo manera de convencer al presidente".

Ahora es el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, sobre quien recayó la presidencia de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), quien debería tener algo que decir respecto a este tema.