Cuando hace unas semanas un grupo de serenos de Magdalena del Mar y San Isidro se agarraron a pedradas en el parque de la Pera del Amor, quedaba claro que el largo e histórico conflicto limítrofe entre ambos distritos estaba más vigente (y violento) que nunca.

Sin embargo, parece que esta historia podría llegar a su fin dentro de unos cuantos meses. Este viernes el Municipio de Lima entregó un informe técnico que define los límites entre ambos distritos. El documento elaborado por el Instituto de Planificación de la comuna fue entregado por el alcalde Luis Castañeda a los alcaldes Francis Allison y Manuel Velarde en una ceremonia en el Salón de los Espejos.

Lo que viene después es un plazo de 20 días para que ambos burgomaestres revisen el informe. De estar en desacuerdo podrán apelar a una segunda instancia que es la Presidencia del Consejo de Ministros, de ser así el informe pasará al Congreso de la República, y recién entonces se definiría el tema.

Pero ¿cuál es el problema de fondo?

El conflicto se origina debido a una falta de limitación clara entre ambas jurisdicciones que se dio desde que San Isidro se delimitó como distrito en 1931, es decir hace 84 años atrás. El Comercio hizo una infografía de la zona que estaría en disputa.

Sin embargo, con el pasar del tiempo el área en disputa se ha reducido. Ambas comunas coinciden en que esta limita con las avenidas Salaverry, Pershing, Juan de Aliaga y Del Ejército, incluida una parte cercana al parque La Pera del Amor.

El conflicto ha sido de tal trascendencia que fue considerado uno de los cinco conflictos por límites distritales más urgentes de resolver, según la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros.

¿Y quién tiene la razón en todo esto? Aquí hay varias cosas que analizar.

Por un lado, el alcalde de Magdalena, Francis Allison, denunció en su momento que cinco construcciones ubicadas entre las avenidas Del Ejército, Salaverry, Juan de Aliaga y Sánchez Carrión, que contaban con el permiso de su comuna, fueron paralizadas por la gestión del alcalde Manuel Velarde de San Isidro. Allison alegó que las licencias de construcción otorgadas por su distrito en esa zona tenían validez según una resolución del Tribunal Constitucional (TC). 

Sin embargo, el alcalde de San Isidro, Manuel Velarde, alegó que su gestión realizó aquella vez una labor de fiscalización y encontró irregularidades en esas construcciones. Además, acusó a Allison de querer apoderarse del territorio en disputa para promover proyectos inmobiliarios con permisos ilegales.

Más allá de las posiciones, no cabe duda que en el caso de Allison existe cierta desconfianza. Como se recuerda, el alcalde de Magdalena fue arrestado en Miami con 50 mil dólares en el bolsillo acusado de contrabando. Además se le abrió una investigación en febrero de esto año nada menos que por lavado de activos.

A pesar de los dimes y diretes, esta vez ambas autoridades se han comprometido a acatar el fallo que establezca la última instancia.