Si pensábamos que después del fallo de la Corte Interamericana de DDHH sobre el caso Chavín de Huántar se terminaría con la demagogia del sector más caradura de la política nacional, nos equivocamos. Y es que pese a que la sentencia confirma que los comandos que participaron en la operación de rescate de rehenes en 1997 nunca fueron involucrados en el proceso -algo que durante años se ha aclarado-, hoy Keiko Fujimori intentó ganarse réditos políticos con el tema.

Podríamos criticar ese constante afán de la heredera del exdictador Alberto Fujimori de ponerse en plan de defensora de la patria y alzar la bandera de la moral política de esta, pero preferimos quedarnos con lo dicho por la congresista Verónika Mendoza sobre el arranque demagógico-tuitero que le agarró a la exprimera dama. Una ubicada de aquellas.

"Ya basta de manoseo político de este caso, basta. A mí sí me indigna que la señora Fujimori diga esto después de que ha sido gente de su partido y de su bancada la que se ha empecinado a lo largo de estos años a meter en este proceso a los comandos Chavín de Huántar que no estaban involucrados".

Durante su intervención en NPortada de CanalN, explicó también cuál es la razón que lleva a los fujimoristas a empecinarse en desprestigiar a la Corte y todo aquello alrededor del acuerdo que nos somete a su competencia.

"Quedó clarísimo desde el inicio de la demanda y revisión del caso en la Comisión que lo que estaba en cuestión era una ejecución extrajudicial operada no por los comandos sino por los denominados gallinazos. Y ha sido el fujimorismo el que se ha empecinado en mezclar las cosas para utilizarlo políticamente y desacreditar a un Sistema Interamericano de DDHH al que le tiene tirria. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, en su momento exigió al Estado que revise el caso Barrios Altos que involucra al Grupo Colina, a Vladimiro Montesinos y al señor Fujimori".

La parlamentaria cusqueña aclaró también -por enésima vez-, que la sentencia no señala el pago de indemnización alguna a familiares de terroristas ni las ONG detrás del proceso, y que el monto asignado a estas últimas corresponde únicamente al pago de las costas.

"Una aclaración, la Corte dice de manera muy precisa que no pretende indemnización alguna. Que la propia sentencia per se constituye una suerte de reparación y que ya no demanda indemnización, solamente que el Estado reponga el dinero invertido en el proceso que son 10 mil y 20 mil dólares, que tampoco es un monto excesivo, y que además las ONG encargadas de este caso han dicho que donarían a entidades benéficas. Eso es importante aclararlo".

Mejor explicado, imposible.

"Para todos queda absolutamente claro que los comandos son héroes nacionales, eso nadie se los va a quitar. Dejemos de usar este caso políticamente".



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