Odebrecht, la empresa favorita de Alan García, está en el ojo de la tormenta en su natal Brasil. Para más señas, su presidente ha sido arrestado la semana pasada, en una muestra de lo candente que está el caso de corrupción.
Y las repercusiones ya se han comenzado a sentir en el Perú, desde luego. El último nexo en salir a la luz viene del Gobierno Regional de Áncash, según informa La República. Y, como era evidente, de la época en que el gobernador regional era César Álvarez, hoy preso también.
¿Qué ocurrió? Resulta que Odebrecht Perú cobró S/.155 millones de adelanto por la rehabilitación, mejoramiento y construcción de la carretera Carhuaz-Chacas-San Luis, aunque esto se habría realizado de forma irregular, de acuerdo a un informe de la Contraloría General.
Y es que la obra por S/.405 millones recién comenzó el 8 de febrero del 2011, pero la empresa pidió un adelanto por materiales e insumos, algo que prohíbe el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (solo se podía pedir después del inicio de la construcción).
UN CAMBIO ESTRATÉGICO
La solicitud fue rechazada en su momento por el gerente regional de infraestructura de Áncash, Claudio Cumpa Macalupú. Pero a los pocos días fue despedido y se designó en su lugar al ingeniero Germán Martínez Cisneros.
Este a su vez nombró como inspector provisional de la obra a Lorenzo de la Cruz Sánchez y, ese mismo día, se aprobó el adelanto de dinero. Todo mes y medio antes de que empiece la obra, un 28 de diciembre de 2010. Feliz día de los inocentes.
Consultado por la Contraloría, De la Cruz ha admitido que solo pudo estudiar el expediente durante tres horas y luego fue presionado por el gerente general Martínez Cisneros para que lo apruebe.
Por si fuera poco, la Contraloría señala que el adelanto de dinero superó en S/.55,4 millones el máximo permitido por ley. Las justificaciones de Odebrecht son el pago de mano de obra, el uso de maquinaria o la adquisición de materiales que ni siquiera concuerdan con los avances hasta ese momento.
Todo muy, muy oscuro.
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