¿Mordaza en el Ministerio de Justicia? El Consejo de Defensa Jurídica de dicho portafolio, que preside su titular Gustavo Adrianzén, envió un oficio a los procuradores -al que tuvo acceso Perú21- en el que les advierte que podrían ser sancionados si declaran a la prensa sin previa autorización.
Y es que al parecer los comentarios de los defensores del Estado sobre temas espinosos para el gobierno en diversos medios de comunicación parece haber causado gran malestar en el Ejecutivo.
En el escrito del 10 de junio, Adrianzén les pide a los procuradores explicar por qué prestaron declaraciones a los medios sin su consentimiento, a pesar de tener conocimiento del trámite, y precisó que la “inobservancia de este trámite es una inconducta funcional sancionable”.
Si bien el oficio está dirigido a todos los defensores del Estado, el objetivo habría sido Lavado de Activos y Antidrogas, cuyas titulares Julia Príncipe y Sonia Medina se han vuelto 'caseritas' de la prensa por los casos de la primera dama Nadine Heredia y del exmilitante aprista Gerald Oropeza que investigan sus respectivas procuradurías.
Esta medida fue duramente criticada por funcionarios de estas instituciones –que prefirieron mantenerse en el anonimato por temor a represalias– y la calificaron de “mordaza” y “censura” para evitar que los defensores del Estado hablen sobre “asuntos que podrían perjudicar al gobierno”.
Una de las fuentes consultadas por Perú21 opinó lo siguiente:
“¿Por qué hay tanta preocupación en las declaraciones de los procuradores si ellos no pondrían en riesgo su investigación? ¿Cuál sería el objetivo de tener tanto reparo? Es la primera vez que tratan de silenciar a los defensores del Estado con este tipo de oficios. Por si fuera poco, tienen que pedir autorización a varias instancias. Habría que preguntarle a Adrianzén por qué tomo esa decisión”.
Al respecto, el exprocurador anticorrupción Julio Arbizu manifestó que los defensores del Estado deberían tener plena libertad para dar declaraciones sin pedir autorización:
“Debería haber una reforma en el Consejo de Defensa Jurídica del Estado para que se enfoquen en suplir las carencias que tienen los titulares de cada procuraduría y no para que los callen”.
