La directora ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDHH), Rocío Silva Santisteban indicó que a seis años de la tragedia del Baguazo, los deudos de los civiles y militares que murieron aquel día aún no encuentran justicia.
La periodista y docente universitaria indicó que a raíz de lo sucedido en Bagua, 55 personas, entre indios y mestizos, han sido imputados por el Poder Judicial pero las autoridades políticas de ese entonces, como el presidente Alan García, que aprobaron la represión armada ni siquiera han sido convocadas como testigos.
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Detalló que hubo una solicitud para que tanto García como sus exministros Yehude Simon, Mercedes Cabanillas y Mercedes Aráoz sean citados en calidad de testigos pero el fiscal y el juez que veían el caso decidieron no hacerlo.
“Supongo que temían que los acusen de considerar esa presencia como política. La decisión de intervenir en la Curva del Diablo fue una decisión política y no militar”, manifestó a la Agencia Andina.
Precisamente, ante este comportamiento timorato, los familiares de los policías fallecidos presentarán hoy - a las 10:00 a.m.- una denuncia penal contra García y los citados exministros Simon, Cabanillas y Aráoz.
Para Silva Santisteban resulta grave que algunas figuras políticas que deberían responder por sus acciones cuando formaron parte del segundo gobierno aprista, ahora quieran tener protagonismo en los comicios del próximo año.
"Pero hoy en día parece que todo el mundo quiere olvidar este tema y, por lo contrario, se presentan como candidatos o precandidatos a la presidencia del Perú", remarcó.
El caso de Aráoz, por ejemplo, es significativo. Ella, como ministra de Comercio Exterior, fue una de las principales impulsoras de los decretos legislativos que afectaban a la Amazonia peruana. Más aún advirtió que si se derogaban estos decretos, el Tratado de Libre Comercio con Estado Unidos se 'caería' (lo cual no sucedió). Aquí sus declaraciones:
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En otro momento de la entrevista, Silva Santisteban mencionó que espera que el Poder Judicial dé celeridad a los procesos del Baguazo ya que "la justicia que tarda no es justicia". Agregó que la zozobra que vivieron los pueblos indígenas no debe olvidarse nunca.
"Sin justicia para todos, incluyendo los deudos de los policías asesinados, no será posible volver a tener una reconciliación en la zona", finalizó.
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