Los negocios de Rodolfo Orellana también penetraron en la institución que debió investigarlo: el Ministerio Público. LaMula.pe ha encontrado que la cooperativa Coopex emitió cartas fianza a la Fiscalía entre los años 2010 y 2011, es decir, durante las gestiones de Gladys Echaíz y de José Peláez. Pero, atención, porque el caso evidenciaría, además, desorden administrativo en esta entidad del Estado.
Como una plaga que trepa por el árbol hasta penetrar sus ramas, las cartas fianza de la cooperativa Coopex, de Rodolfo Orellana, se introdujeron por casi todos los organismos públicos, léase municipios, gobiernos regionales y Parlamento.
Lo que sabíamos hasta ahora era que el “sistema Orellana” de cartas fianza tuvo su época de oro y avanzó cual barrenillo por los troncos del Estado sin que el Ministerio Público reaccionara. Pero lo que ignorábamos –o ni siquiera imaginábamos– era que el coleóptero había ingresado a la propia Fiscalía de la Nación.
Es decir, cartas fianza que emitió la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex) destinadas a respaldar adquisiciones y licitaciones del Ministerio Público.
De la institución que en su momento debió investigar el modus operandi de la organización de Orellana Rengifo, pero que pasó por alto dicho deber, pese al cúmulo de evidencias existente.
LaMula.pe ha encontrado que en el período comprendido entre noviembre de 2010 y julio de 2011, es decir, en meses que corresponden a parte de los mandatos de Gladys Echaíz Ramos y José Peláez Bardales como fiscales de la Nación, Coopex emitió por lo menos nueve cartas fianza al Ministerio Público.
Pero este portal ha encontrado detalles en este caso que deberían alertar a las autoridades que investigan al “clan Orellana”, pues en por lo menos una de las licitaciones que Coopex avaló existe una doble emisión de carta fianza, y hasta ahora no es posible saber por qué. A continuación damos cuenta del contenido de los negocios de Coopex en la Fiscalía.
PERÍODO ECHAÍZ
En todas las cartas que obran en nuestro poder figura la firma del gerente general de Coopex, Óscar Pantoja Barrero.
Uno de los procesos en los que intervino como fiadora Coopex es la Licitación Pública N° 038-2010-MP-FN, convocada para la construcción de la nueva sede y equipamiento de la Fiscalía Provincial Mixta de Chanchamayo, Junín, y cuya buena pro se adjudicó el 9 de noviembre de 2009 el consorcio integrado por la empresa Teknica’s Constructora EIRL. y Estuardo Vásquez Talavera.
La obra tuvo un costo de S/.1’736.830, y según el contrato de ejecución de obra que firmaron el consorcio y la Fiscalía, representada esta por su entonces gerente general, Fernando Lazo Manrique, la garantía de fiel cumplimiento entregada por el contratista fue extendida por la cooperativa Coopex mediante la Carta Fianza N° 01-291110/Coopex/Fiel Cumplimiento, por S/.173.638, el 10% del valor del contrato.
El problema es que, por el mismo proceso, existe una carta fianza más, número 01-091210, de fecha 9 de diciembre, con la que Coopex avala al consorcio ganador por S/.347.366.
¿Cómo se explica que el contrato –que obra en los archivos de OSCE– indique un monto de la fianza, y esta última carta contenga sumas distintas? ¿Se trata de una doble emisión? Hasta el cierre de esta edición no era posible saberlo con precisión, pues fuentes de la Fiscalía consultadas desde el jueves señalaron que los archivos de la Gerencia General se encontraban en proceso de reordenamiento debido al tremendo desarreglo encontrado.
No es lo único. Según Transparencia Económica del MEF el mismo consorcio se adjudicó contratos en los años 2012, 2013 y 2014. No consigna el que se adjudicó con la Fiscalía.
Sin duda, las entidades que investigan al “clan Orellana”, como la Comisión Orellana del Congreso, la Fiscalía contra el Lavado de Activos y la Procuraduría contra el Lavado de Activos, tienen que darles respuesta a esas dudas.
MÁS CARTAS
Las comisiones investigadoras Orellana y Áncash, ambas del Congreso, también tienen en su poder las cartas que vamos a resumir a continuación.
Se trata de la Carta Fianza No 01-02121-2010/COOPEX/Adelanto Directo Renovado, del 2 de marzo de 2010, a favor del Consorcio Rioja, conformado por las mismas empresas que se adjudicaron la buena para la construcción de la sede fiscal de Chanchamayo, es decir, Teknica’s Constructora EIRL y la persona natural Estuardo A. Vásquez Talavera.
Estos postores se encargaron esta vez de la obra de infraestructura y equipamiento de la Unidad Médico Legal de Rioja (San Martín), y fueron garantizados por Coopex con S/.194.722,12.
Luego, la Carta Fianza No 01-081110-2010/COOPEX/Diferencia de Propuesta, del 8 de noviembre de 2010, a favor de la empresa Reactivos para Análisis SAC, que ganó una licitación pública para la adquisición de insumos y materiales de laboratorio para el Instituto de Medicina Legal.
La fianza fue por S/. 4.297, y buscó garantizar la diferencia propuesta entre el valor referencial y el monto ofertado de un material llamado cartucho de alta capacidad para extracción en fase sólida para cromatógrafo.
Tenemos también la Carta Fianza No 02-081110-2010/COOPEX/Diferencia de Propuesta, del mismo 8 de noviembre 2010 y a favor de la misma empresa Reactivos para Análisis SAC, por S/.5.901,95, para garantizar la diferencia propuesta entre el valor referencial de la adquisición de un sellador de tapa de viales (un insumo quirúrgico para laboratorio) y el monto ofertado.
De igual modo, la Carta Fianza No 01-081110-2010/COOPEX/Diferencia de Propuesta, es del mismo día y a favor de la misma empresa.
Quienes investigan el caso Orellana también deben saber que entre 1999 y hasta 2014, Reactivos para Análisis SAC tuvo contratos con la Fiscalía por más de S/.400 mil. Es decir, podrían existir otras cartas fianzas.
Luego, existe la Carta Fianza No 03-241110-2010/COOPEX/Diferencia de Propuesta, para avalar a la empresa E&S de Almacenamiento Parck SAC, por la “Adquisición de materiales para armado de ángulos ranurados”, por un monto de S/.4.941.
Nuevamente, de acuerdo al MEF, E&S de Almacenamiento Parck SAC ha obtenido contratos con el Ministerio Público en 2010, por S/.28.468, en 2011, por S/.73.471, y en 2014, por S/.193.673.
Finalmente, el 9 de diciembre, todavía en el período de la doctora Gladys Echaíz, Coopex volvió a ser de fiador de Teknica’s Constructora EIRL, por S/.347.366,19, con la Carta Fianza No 01-091210-2010/COOPEX/Adelanto Directo, por una licitación pública para la construcción y equipamiento de la nueva sede de la Fiscalía Provincial Mixta de Chanchamayo, en Junín. El detalle es que según Transparencia Económica, por sí sola esta empresa no consigna contratos con el Ministerio Público, solo en consorcio.
PERÍODO PELÁEZ
De las cartas recibidas por las comisiones Áncash y Orellana, dos que fueron emitidas en el período de José Peláez como fiscal de la Nación.
Son la Carta Fianza No 04-050711-2011/COOPEX/Diferencial de Propuesta, y la No 03-050711-2011/COOPEX/Fiel Cumplimiento, ambas del 5 de julio de 2011.
Peláez, como se recuerda, fue elegido fiscal de la Nación en abril de 2011, y asumió funciones el 11 de mayo del mismo año.
Las dos cartas consignan que el favorecido fue el proveedor Juan Leonardo Quispe Yucra, por S/.21.311,96. Aunque, Quispe Yucra obtuvo más contratos con la Fiscalía en 2011 por S/.121.725.
Según fuentes de esta institución, las instancias que deben responder por las cartas de Orellana son la Gerencia General y la Gerencia de Logística del Ministerio Público.
En aquel entonces, tanto en los mandatos de Echaíz como de Peláez, el gerente general fue el otrora poderoso e inamovible Fernando Lazo Manrique, exmilitante aprista y persona allegada al expresidente Alan García.
En diálogo con LaMula.pe, Lazo Manrique dijo no recordar si durante su gestión la Fiscalía recibió estas garantías, y señaló, más bien, que en noviembre de 2010, tras la advertencia que hizo un mes antes la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) para que el Estado no admita las fianzas de Coopex, él dispuso que la institución haga lo propio, y envió el siguiente memorándum.
“Fuimos la única institución que hizo eso”, dijo Lazo. En la misma línea, el fiscal José Peláez –quien señaló a este portal no recordar si durante su gestión la institución aceptó las fianzas de la cooperativa de Orellana– también apeló al memorándum de Lazo. “En mi gestión se prohibió eso”, afirmó Peláez.
Por su parte, Gladys Echaíz le dijo a LaMula.pe que durante su gestión nunca tuvo conocimiento de estos documentos. “Tratándose de concursos o licitaciones públicas, habría que ver qué área llevó adelante el proceso y eso se lo puede informar el gerente general”, manifestó, en referencia a Fernando Lazo.
En suma, una serie de detalles que deben ser esclarecidos al milímetro, para evitar que cualquier resquicio sea aprovechado por la organización de Orellana para intentar viciar las investigaciones. De lo que no hay duda es que las cartas de Coopex se colaron en la institución que debía investigar al clan.
Si las siete cartas son o no las únicas, la única forma de saberlo es que las autoridades actuales inicien de manera inmediata una investigación exhaustiva en los archivos de la Fiscalía. Quién sabe, podría haber más sorpresas.
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