¿Qué participación tuvo usted en el intento de excluir a la fiscal Marita Barreto?
Ninguna. La procuradora Julia Príncipe envía un pedido de exclusión a la doctora Yanet Roller, quien era la fiscal superior de la 2° Fiscalía Superior de Lavado de Activos donde se encuentra el caso Orellana. En un procedimiento de exclusión quien investiga, evalúa y resuelve es la fiscal superior del caso. La coordinadora de la fiscalía no tiene ninguna injerencia en la disposición fiscal. Solo toma conocimiento una vez emitida la resolución correspondiente. Es así que cuando la doctora Roller declara fundada la exclusión, yo tomo conocimiento de la misma a fin de que designe al nuevo fiscal para que se avoque al conocimiento de los hechos de la investigación del caso Orellana. Como coordinadora soy una facilitadora, no tengo la facultad de opinar a favor o en contra de la resolución de una exclusión.  

Pero al parecer habría un audio en el que se hace referencia a usted como “la amiguita” dentro de la fiscalía que filtra información a personas de la red Orellana.
El audio donde se menciona a “una amiguita” es del 28 de octubre de 2014. En esa fecha yo me encontraba asignada como fiscal superior en la 2ª Fiscalía Superior Penal de Lima. Yo no era parte de la Fiscalía Corporativa de Lavado de Activos sino hasta el 8 de enero de este año que me designan como fiscal de la 1° Fiscalía Superior de Lavado de Activos y como Coordinadora. No puedo haber sido yo la persona a quien se hace referencia en ese supuesto audio. Rechazo totalmente esas imputaciones.

¿Tuvo en la 2° Fiscalía Penal conocimiento de algún caso relacionado a Rodolfo Orellana?
Que yo recuerde no, porque el caso Orellana se viene conociendo solo a nivel de las fiscalías corporativas de Lavado de Activos.  

¿Y qué le dijo el Fiscal de la Nación cuando escuchó sus descargos?
Es día (27 de marzo) me ratificó su confianza, pero el día domingo (30 de marzo) me entero por El Peruano de que se dio por concluida mi designación en el cargo de fiscal coordinadora de lavado de activos. Yo le he dicho al Fiscal de la Nación que me someto a las investigaciones del caso. A mí y a mi familia nos pueden levantar el secreto de las comunicaciones, bancario, tributario, patrimonial, registral, y todo lo que sea necesario. Tengo 19 años de carrera dentro del Ministerio Público.   

¿Es normal que la policía haga un pedido de ese tipo?
Esto está dentro del marco de una investigación por el presunto delito hurto agravado y encubrimiento real que se le sigue a la doctora Barreto en la 24º Fiscalía Provincial Penal de Lima. La fiscal provincial a cargo de dicha investigación hace el pedido formal y la policía es la encargada de las diligencias con conocimiento de la fiscalía penal. Por eso se le remite el video solicitado. Este hecho es considerado por la fiscal Barreto como una intromisión o irregularidad de parte de mi persona. 

¿Cuáles serían sus razones para afirmar ello?
En este contexto, la doctora Barreto me envía un oficio con fecha el 16 de marzo expresando su preocupación porque se estaría afectando la reserva y secreto de la investigación del caso Orellana al remitirse un elemento de convicción sin su consentimiento ni autorización. Ella vino a mi despacho preocupada y me preguntó por qué lo había hecho. Yo le pregunté a ella si de acuerdo al modelo procesal penal, informó que había emitido una disposición estableciendo sobre dicho video del allanamiento una cadena de custodia y que estaba siendo incorporado formalmente a la investigación como un elemento de convicción (o prueba). No me supo responder.  

¿A qué se refiere con que debía haber una disposición fiscal?
Cuando se quiere contar con un elemento como prueba dentro de una investigación en calidad de reserva, como en este caso el video del allanamiento, se debe emitir una disposición fiscal para que pase a incorporarse como elemento de prueba de la carpeta fiscal. Con la disposición fiscal respectiva, el video pasa a ser parte de una cadena de custodia y es lacrado. Ese elemento ya no se toca y está protegido. Si no existe esa disposición, cualquier video de una diligencia es solo referencialy se puede tener acceso a él. 

La doctora Barreto en su oficio afirma que usted también solicitó información a la UIF y que eso evidencia un “inusual interés” de su parte en el caso Orellana. ¿Es así?
Por su naturaleza, los informes de la UIF son absolutamente reservados. Cuando ese material llega al Ministerio Público, se remite al fiscal coordinador para que se ingrese a una base de datos y se le haga el seguimiento correspondiente. Según el reglamento de Lavado de Activos, es función del fiscal coordinar hacer un seguimiento y supervisión de los casos.  

Pero, ese interés suyo no parece usual ni normal. 
En mi calidad de fiscal coordinadora de Lavado de Activos estaba facultada para hacer seguimiento de índole administrativo de los casos. Esto no es intromisión ni inusual interés. Eso lo he hecho con los cuatro fiscales provisionales de lavado de activos. En ningún momento, seguido por alguna fiscalía de lavado de activos, he pedido copias de algún caso. El personal es testigo y ninguno se sintió afectado.  

También se le cuestiona haber estado presente en la audiencia de Oncoserv donde se pidió prisión preventiva a Pocho Alarcón.
Por supuesto que estuve presente en la audiencia del caso Oncoserv. Primero porque era una audiencia pública. Segundo fui para respaldar a la fiscal del caso quien tenía serios cuestionamientos por las pérdidas de las siete muestras y para ver su desenvolvimiento. Estuve poco tiempo porque tuve que atender otras obligaciones.  

Pero Barreto no es la única que cuestiona su accionar. Dentro de la investigación que se le sigue a usted, personal de la fiscalía también la acusa de irregularidades.
Yo advertí una evidente inequidad en la asignación de sueldos dentro de la fiscalía. Había personal que ganaba más a pesar que hacía las mismas funciones que sus pares. Todos los trabajadores de Lavado de activos están en un régimen CAS y están bajo evaluación cada tres meses. En total resolví que no se renovara el contrato de nueve trabajadores: 1 asistente en función fiscal, 1 abogado, 1 analista, 3 peritos y 1 asistente administrativo, de los cuales uno renunció. En tres meses reportaron productividad cero. No fueron capaces de cumplir con tareas elementales dentro de sus funciones. Sin embargo, los contratos de dichos trabajadores fueron renovados por la Gerencia Central de Potencial Humano.  

¿Los peritos que menciona son peritos del caso Orellana?
Son de la fiscalía de lavado de activos. A la doctora Barreto le generó malestar que sus peritos fueran cambiados. Se les evaluó de enero a marzo y ninguno de ellos tuvo productividad. Estos peritos habían sido designados solo de nombre y no habían iniciado ningún trabajo en el caso Orellana. Y lo más preocupante es que ni siquiera se les había tomado juramento en esos tres meses.Este tema se discutió en la reunión de la Junta de Fiscales Superiores.  

Dentro de las imputaciones que se le hacen a la fiscal superior Delia Espinoza está la supuesta conspiración para desacreditar la gestión del Fiscal de la Nación Pablo Sánchez. Ha trascendido que la mencionada fiscal habría convocado a reunión a la Junta de Fiscales Superiores para convencer a los magistrados de pronunciarse en contra el titular del Ministerio Público.  

¿Existió una reunión de complot con fiscales superiores?
Esa reunión existió pero no por los motivos que se ha insinuado. La reunión fue solicitada de manera formal al presidente de la Junta de Fiscales Superiores. El martes 7 de abril a las 9 y 20 de la mañana nos reunimos 13 fiscales superiores titulares en el primer piso del jirón Miroquesada 250. No se habló de ningún complotni mucho menos de desmerecer la actuación del Fiscal de la Nación. Se trataron dos temas en agenda: cuál debe ser el comportamiento de los fiscales ante la prensa, a raíz de los últimos acontecimientos, y cómo combatir la contratación de personal que no cumple con el perfil requerido.

¿No se habló de ningún momento contra el accionar del Fiscal de la Nación?
Como se puede ver en el acta número 28 del 7 de abril de 2015 en ningún momento se habló o cuestionó la actuación del Fiscal de la Nación.  

Sobre el caso Sánchez Paredes, ¿su decisión ha perjudicado el caso? 
No se va a perjudicar para nada el caso. En principio, cuando un fiscal supremo nos ordena acusar, ciertamente debemos cumplir. Pero eso no impide que el fiscal superior, como es mi caso, revise todo el expediente y todos los extremos para poder cumplir con el mandato supremo. En esa revisión del caso Sánchez Paredes se encontraron 25 hechos o delitos que se quedaron solo en denuncias por parte de la fiscalía y no fueron acogidos por el Poder Judicial para que se inicie el proceso formal. Eso es lo que yo he advertido en mi calidad de fiscal superior y lo he plasmado en una resolución. 

El caso Sánchez Paredes tiene 1325 tomos, ¿los pudo revisar en tan solo tres meses?
Cuando llego a la 1° Fiscalía Superior, me es asignado el caso Sánchez Paredes y me doy cuenta que desde junio de 2014 no ha reportado mayor avance. Es así que me organicé con los fiscales adjuntos que venían trabajando en el caso y tenían ya detectados algunas omisiones a subsanar. El equipo hizo una exposición y sobre eso se revisó para confirmar los hallazgos encontrados. El nuevo modelo procesal penal trabaja con las fiscalías corporativas donde el caso no lo conoce un solo fiscal, es un equipo de personas que trabajan la carpeta fiscal de tal forma que si el fiscal a cargo es removido, excluido o destituido, el caso sigue avanzando.  

Mientras la fiscal Espinoza rechaza esta serie de acusaciones, en la Fiscalía Suprema de Control Interno se han iniciado las investigaciones respectivas por las irregularidades en el ejercicio de su funciones por la supuesta intromisión en el caso Orellana y su presunta relación con los imputados en el caso. El enfrentamiento entre fiscales continúa dentro del Ministerio Público.

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