Con la frase “Victoria para los animales”, el Grupo Caridad anunció en su página de Facebook que logró reunir las 80,000 firmas necesarias para que se apruebe el proyecto de ley que busca castigar con penas de cárcel el maltrato animal.  

“El día viernes anunciaremos el número aproximado de firmas válidas y luego iniciaremos el procesamiento de las firmas que tardará entre 16 y 19 días, luego de lo cual informaremos la fecha en que todos podremos ir a entregar las firmas a la ONPE”, señaló el Grupo Caridad en su mensaje en la red social.

Además, agredecieron a varias personalidades del mundo del espectáculo por apoyar la campaña, en especial al exlegislador Isaac Mekler por promover esta iniciativa ciudadana, que deberá ser aprobada por el Congreso de la República o en caso contrario, pedir que sea sometida a referéndum.

“Gracias por haber presentado esta iniciativa legislativa y por haber persistido pese a todas las dificultades de esta campaña y al bullying cibernético, el hostigamiento, los insultos y las amenazas por personas que no quieren que se penalice el maltrato animal y la desinformación creada por estas personas”, señala el grupo.

En la actualidad la única norma en materia de protección de animales es la Ley N° 27265, la cual no ha sido aún reglamentada pese a su promulgación en el año 2000. En el artículo 450-A del Código Penal, el maltrato a un animal se establece solo como una falta y es sancionado con entre 60 y 360 días multa, dependiendo de la gravedad del acto.

En nuestra capital, un logro obtenido en materia de protección de los animales es una ordenanza de la Municipalidad de Lima, que busca erradicar toda forma de maltrato, actos de crueldad y sufrimiento. La sanción más fuerte que establece -cuando se trata de tortura de animales y posterior muerte de los mismos- es el pago de una multa de 4 UIT (S/.15.400).

A nivel de la región, Costa Rica es el único país que tiene una ley de protección a los animales y castiga a los agresores con cinco años de prisión efectiva. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Venezuela también cuentan con una norma similar pero no establece sanciones con pena de cárcel.

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